Esquerra da una última oportunidad a Sánchez para reconducir la legislatura

Sobre la mesa, tratarán de reconducir la crisis en el tramo final de la legislatura española. Tras el estallido del caso Pegasus, el Govern y ERC se han desmarcado de la mayoría de la investidura y los republicanos han rechazado el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra y la ley del audiovisual. Previamente, votaron en contra de la reforma laboral. Y amenazan con tumbar próximas votaciones en el Congreso. En el horizonte, los socialistas necesitan apoyos para sacar adelante leyes como la de los planes de pensiones, la de la vivienda, la reforma de la ley mordaza o la de memoria democrática. De fondo, la negociación sobre los presupuestos generales del Estado de 2023.

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Cristian Reino

Socialistas y republicanos inician un nuevo deshielo, como también lo han hecho el Gobierno y el Govern. La Moncloa accedió este viernes a convocar la comisión mixta sobre infraestructuras. El Ejecutivo catalán ha montado esta semana en cólera, tras hacerse público el informe de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021, que en el caso de Cataluña fue del 35,7% de lo presupuestado. Vilagrà envió una carta a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para trasladarle el «malestar» de la administración catalana por las inversiones estatales. También pidió una reunión. Fue el mismo día en que Pere Aragonès y Jordi Puigneró se reunieron media hora con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, al coincidir en un acto en Barcelona de la empresa Google. El encuentro sirvió para constatar las diferencias entre ambos ejecutivos. Ese mismo día, Puigneró tildó a los miembros del Gobierno de «inútiles o mentirosos».

La polémica por el espionaje, las infraestructuras, los indultos y la cuestión del catalán han estallado en plena crisis de relaciones entre el Gobierno y la Generalitat. En lo que tiene que ver con la lengua, el Ejecutivo y los socialistas mantiene un perfil bajo y las fuerzas de la derecha les acusan de no hacer nada para no molestar a los independentistas. El Gobierno ha evitado impugnar al Constitucional el decreto aprobado por el Govern y el PSC se sumó a ERC, Junts y los comunes para impulsar una ley del catalán. En cambio, la Generalitat se niega a cumplir la sentencia del 25% de español, se sitúa al borde de la desobediencia y tensa aún más el clima político en Cataluña.

Lo que sigue pendiente es la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para abordar el caso de espionaje, que ha obligado a la Moncloa a dar pasos, pero hasta ahora insuficientes, según los secesionistas. Ya hace un mes que los dos presidentes hablaron unos minutos en las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona y la cita aún no tiene fecha. La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró este viernes en RTVE, en el circuito catalán, que le «consta» que el presidente del Gobierno está «encontrando hueco en su agenda» para verse con Aragonès. «Lo he hablado con un ministro», recalcó. En la parte catalana no son muy optimistas, al menos hasta que pasen las elecciones andaluzas.