«España ha vuelto a traicionarnos»

Su desasosiego, sin embargo, no tiene que ver con la falta de prótesis o de cirujanos. Mientras la calima sacudía las carpas de piel de cabra y de camello, otro temporal se cocía en las cancillerías de España y Marruecos, uno que ha sembrado la desolación entre la población saharaui. «España nos ha vuelto a traicionar. Ya lo hizo en el 75 cuando dejaron vía libre al régimen de Rabat para ocupar el Sáhara; y ahora otra vez, cuando toda Europa mira a Ucrania y se vuelca, dicen, con el drama humanitario. Pero de nosotros no se acuerda nadie, como si los ucranianos fueran personas y nosotros animales. Hipócritas, no contamos para ellos».

Maima habla de «la responsabilidad jurídica y política» de España en un escenario que conserva su huella, pero del que «se ha desligado unilateralmente». No tiene la nacionalidad española, pero sus padres guardaban como un tesoro el DNI y vivieron durante años bajo el paraguas de su administración. «La ambigüedad que los políticos han demostrado desde hace décadas hacia los saharauis no permitía albergar muchas esperanzas, pero está visto que siempre te pueden defraudar. Es triste que el aval otorgado a Marruecos no respete la legalidad internacional que España no duda en reclamar en otros lugares».

También en Tinduf, donde se hacinan 173.000 saharauis, Abdeslam Aomar, presidente de la asociación de familiares de presos y desaparecidos Afapredesa, se confiesa «asombrado». Afirma que con el aval de Sánchez al plan de autonomía de Marruecos, «el Gobierno español se ha quitado la careta. El giro a su política exterior significa relegar una vez más a nuestro pueblo y un espaldarazo tremendo a las aspiraciones de Mohamed VI, «aunque si espera agradecimiento por su parte y una menor presión en Ceuta y Melilla, está muy equivocado», apostilla.

Como sus paisanos, Aomar vive rodeado de carencias, con cinco litros de agua al día por persona y constantes cortes de luz, sobre todo en verano, cuando las temperaturas superan los 50º. Asegura que Marruecos no tiene «ninguna legitimidad» para dar la autonomía al Sáhara y se remite al auto 40/2014 de la Audiencia Nacional, «que recoge que España es la potencia administradora de este territorio y tiene la obligación de proteger a su población. Lo que ha hecho es lamentable», sostiene. «Lo ocurrido -añade Aomar- es fruto del chantaje al que Marruecos lleva tiempo sometiendo a España a cambio de estabilidad en su frontera sur. Europa necesita un gendarme que vigile los tránsitos migratorios, el tráfico de drogas o el terrorismo internacional, al tiempo que ofrece acceso a sus recursos. Y lo ha hecho utilizando al pueblo saharaui como moneda de cambio, abandonándolo a su suerte».

Aomar se refiere, por ejemplo, a «la muerte de 23 civiles por drones del Ejército marroquí» desde el pasado agosto en territorios liderados por el Frente Polisario; o al asedio al que grupos paramilitares habrían sometido a la activista Sultana Jaya en la localidad de Bojador y que terminó hace una semana con la llegada de observadores norteamericanos.

«Es deber de los gobiernos denunciar todas las agresiones y no ser selectivos, que es lo que está haciendo el Ejecutivo español, desentendiéndose de sus obligaciones y favoreciendo que se incumplan las resoluciones de la ONU».

Más al oeste, en El Aaiún, capital de la antigua colonia, El Ghaia Djimi, defensora de los derechos humanos, arremete contra un acuerdo que contraviene, asegura, la legalidad internacional. «El aval a Mohamed VI tal vez tenga sentido en el tablero de los intereses geoestratégicos, pero obvia que hay un pueblo al que no permiten decidir sobre su futuro desde hace 47 años».

Y advierte: «Los saharauis siempre hemos tenido una excelente relación con la sociedad civil española, pero este viraje acabará volviéndose en contra de su gobierno. No ha medido bien y ya le ha empezado a causar problemas con algunos de sus socios».