España será la única gran economía con un impuesto a la banca por la inflación

Otros países como Francia o Reino Unido aplicaron hace años tributos específicos a las entidades, con la salvedad de que estaban destinados a recuperar las ayudas públicas con las que se salvó al sector en la anterior crisis financiera. Según la base de datos de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, otros como Austria, Bulgaria o Finlandia también mantienen impuestos al sector, pero en la mayoría de los casos se usan como contribución a fondos de estabilidad financiera (algo similar al Fondo de Garantía de Depósitos español).

Pero solo Hungría ha tomado una decisión parecida a la de España en los últimos meses, tras aprobar en mayo un impuesto sobre los beneficios de bancos y aseguradoras para financiar sus medidas contra la crisis y mayor gasto en defensa. Un tributo que también afecta a grandes cadenas minoristas, líneas aéreas y energéticas.

El otro ejemplo que se puede asemejar más a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en Polonia, que en 2016 aprobó un impuesto extra del 0,44% sobre los activos de los bancos. A principios de julio, amenazó con imponer otro tributo para financiar gasto social «si las entidades maltratan a sus clientes» en esta época de crisis. Pero esa advertencia aún no se ha consumado.

No es la primera vez que el impuesto a la banca está sobre la mesa. Ya en 2018 se planteó para financiar el sistema de pensiones. Pero la propuesto se guardó en un cajón. Más adelante se aprobaron otro tipo de gravámenes que afectan a la industria, como la tasa Tobin que grava las transacciones financieras, o el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas. Y, como las petroleras, los bancos cuentan con un tipo nominal en Sociedades del 30% de la base imponible, por encima del general del 25%.

Los motivos con los que ahora se defiende la aplicación del impuesto han pillado completamente por sorpresa al mercado, con un duro castigo en Bolsa a las grandes entidades que perdieron más de 5.200 millones de euros de valor el martes tras conocerse la medida.

Aseguran, además, que la complejidad legal para determinar qué es y qué no beneficio extraordinario complicará la puesta en marcha del tributo. «La Comisión Europea exige que cualquier tipo de gravamen de este tipo debe ser claramente justificado y temporal», añaden desde el sector. «Aún se desconocen los detalles más importantes. No sabemos si será un impuesto sobre beneficios, una tasa sobre los depósitos... ni el hecho imponible ni la forma de calcularlo», insisten desde una entidad financiera nacional. Consideran que el repunte en los tipos de interés no debe considerarse como un hecho extraordinario, «sino como un proceso de normalización gradual en las condiciones financieras» tras años de tipos en mínimos e incluso negativos.

La avanzadilla que ejercerá España con el nuevo impuesto a la banca será distinta en el caso del tributo a las eléctricas. Porque varios socios europeos ya están preparando, e incluso está en vigor, una figura que grava las ganancias extraordinarias que obtiene este sector en este contexto de precios al alza y récords mensuales. Y lo hacen después de la recomendación de la Comisión Europea, realizada el 8 de marzo, para captar parte de estos beneficios extraordinarios de este sector.

En cualquier caso, y al igual que ocurre con los bancos, la dificultad estriba en determinar jurídicamente qué es un beneficio extraordinario; cómo se cuantifica legalmente si una ganancia es superior a la normal. De ahí que los ejemplos del impuesto energético no estén teniendo los resultados de recaudación previstos inicialmente en cada gobierno.

Así ocurre en Italia, donde su primer ministro, Mario Draghi, ha aprobado una tasa puntual del 25% a los beneficios de las eléctricas; la primera propuesta era un tipo del 10%. El objetivo es recaudar unos 6.000 millones de euros con los que contribuir a un paquete de 14.000 millones de euros para ayudar a consumidores y pequeños empresarios a enfrentar los costes energéticos.

Por su parte, en Reino Unido, la propuesta es sumarle un 25% al impuesto de sociedades para pasarlo del 40% actual al 65% durante tres años, a menos que antes de ese plazo los precios de la electricidad vuelvan a precios «históricamente» normales.

La principal diferencia entre Reino Unido y el resto de propuestas es que en las islas británicas pagarán el impuesto las gasistas y petroleras; mientras que en otros casos lo abonarán las compañías que producen electricidad. En Grecia cifran esos beneficios extraordinarios en 590 millones de euros; Rumanía ya puso un impuesto del 80% a los ingresos especiales por esta crisis. Y Hungría también lo hace dentro de un plan que incluye a firmas de telecomunicaciones o bancos.