Una espada de Damocles con forma de mascarilla

Sin embargo, en el entorno de Díaz Ayuso son muy conscientes de que la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias de investigación tras las denuncias de la oposición sobre este controvertido contrato, por mucho que no tenga consecuencias penales para la presidenta, sí que puede desgastarle en los próximos meses. La culpa es del artículo quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es el que faculta a Anticorrupción a extender esas «diligencias de investigación» hasta doce meses, el doble de cualquier pesquisa previa en el resto de ámbitos penales, donde en un plazo máximo de medio año el Ministerio Público debe decidir si archiva la denuncia o judicializa el caso.

Y ese plazo extraordinario que la ley permite a la Fiscalía para los casos de corrupción es el que preocupa particularmente en la sede de la Puerta del Sol, ya que la espada de Damocles de que Anticorrupción decida finalmente impulsar un proceso judicial puede pender sobre la cabeza de la presidenta hasta febrero de 2023, a las puertas de las elecciones autonómicas de mayo del año próximo que se celebrarán en todas las comunidades no históricas.

En los círculos próximos a la Presidencia de la Comunidad están convencidos de que, alargue lo que alargue la Fiscalía esta investigación, no habrá nada contra Isabel Díaz Ayuso, porque –explican– la presidenta solo supo de la relación con su hermano con esa adjudicación el pasado diciembre, un año y medio después de que se cerrase el contrato. Pero en esos mismo círculos no dan, ni mucho menos, por seguro que Anticorrupción no acabe por judicializar las denuncias que ya han presentado Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos y abra oficialmente un «caso mascarillas» en víspera de las autonómicas.

En la sede de la Puerta del Sol son conscientes de que existen «puntos débiles» que pueden servir a la Fiscalía para enviar al juzgado este contrato y los otros 25 expedientes por más de 106.000 euros que la administración autonómica adjudicó, también sin concurso, a Artesolar, la empresa de iluminación con la que «colaboraba» Tomás Díaz Ayuso.

El primer punto que podría llevar a la judicialización de este caso es la adjudicación de un contrato millonario a una empresa, Priviet, que nunca antes había comercializado mascarillas y que tiene un objeto social (la confección textil de ropa y calzado para «caballero y señora») totalmente ajeno a la importación de material sanitario.

Otro de los motivos que podría llevar a Anticorrupción a no archivar las denuncias de los tres grupos de izquierda –explican fuentes judiciales– es que Tomás Díaz Ayuso no pueda demostrar los trabajos por los que emitió en 2020 esas otras tres facturas (al margen de la de 55.850 euros por su intermediación en las mascarillas) contra Priviet por valor de 227.150 euros. La presidenta madrileña se niega a informar sobre el contenido y el importe de las mismas alegando que eran trabajos ajenos a la Comunidad. Esas tres facturas, sumadas a la primigenia de 55.850 alcanzan exactamente los 283.000 euros que la dirección del PP atribuyó al hermano de la presidenta por la vía de embolsárselos como una supuesta comisión.

Otro de los frentes en los que Anticorrupción quiere entrar son los motivos por los que los órganos fiscalizadores de la Comunidad bendijeron «sin ningún reparo» el contrato a pesar de que Priviet envió tapabocas de menor calidad (KN95, de «autocertificación» china) y no entregó ni una sola mascarillas FFP2 o FFP3 (certificación UE), tal y como se recogía en el pliego de condiciones. Y la Fiscalía –explicaron fuentes del departamento– también mirará con lupa uno de los aspectos que constan en la ampliación de las denuncias de los grupos de oposición del pasado miércoles. En ella, la izquierda acusó a la Comunidad de haber «fraccionado» expedientes a Artesolar para convertirlos en contratos menores con el fin de poder otorgarlos a dedo, sin concurso ni publicidad.