El Gobierno salva gracias a Bildu y Vox la tramitación de la ley de planes de pensiones

Nada garantiza que el partido de Santiago Abascal vaya a mantener la posición adoptada ayer la semana próxima. La formación de extrema derecha, que cuenta con 52 diputados, justificó su abstención solo con el argumento de que ninguna de sus enmiendas había sido aceptada, una razón que bien podría haberle inclinado hacia el voto en contra.

La decisión de no obstaculizar la tramitación tomada por Bildu es, en cambio, producto de un pacto según el cual el Gobierno se compromete a incluir en el real decreto ley de prórroga de las medidas del plan anticrisis -anunciado el miércoles por el presidente Pedro Sánchez- un incremento del 15% para todas las pensiones no contributivas, de viudedad, de orfandad o de invalidez. Una mejora que deberá ser prolongada, además, hasta el 31 de diciembre. La medida beneficiará a 445.000 ciudadanos.

Los secesionistas vascos -que ya ayudaron a salvar en abril las iniciativas contra las consecuencias de la guerra en Ucrania- están decididos desempeñar un papel utilitarista, en clara competencia con el PNV. Y, de hecho, su voto de ayer implica un viraje respecto a la posición que mantuvieron en el debate de totalidad de la ley presentada por el ministro José Luis Escrivá. Entonces, como ERC, Más País-Equo, la CUP y Compromís, apoyaron una enmienda de devolución del BNG.

Su acuerdo con el Gobierno también afecta al propio contenido de la norma, que pretende impulsar planes de pensiones de empleo en el seno de las empresas y crear un fondo de promoción pública para esos instrumentos de ahorro. Según el compromiso del que dio cuenta Bildu, «ni un solo euro» de la Seguridad Social será destinado al fondo de pensiones, algo que también defendían Unidas Podemos o ERC. «De ese modo -se vanaglorió la formación de Otegi- hemos conseguido desbaratar la intención de las derechas de utilizar esta ley para introducir y extender los fondos de pensiones privados mediante beneficios para quien pueda pagárselos».

La negociación de esta norma, que tiene que estar lista antes del 30 de junio para no comprometer el pago de 6.000 millones de euros correspondiente al segundo semestre del año por parte de Bruselas, ha dado al PSOE enormes quebraderos de cabeza. Y aún no ha terminado. Hace una semana casi se daba por hecho que el Gobierno estaba abocado a sacarla adelante con el PP y Ciudadanos. Incluso hasta ayer, en comisión, Unidas Podemos coqueteaba con descolgarse, como ya hizo con la ley audiovisual.

Finalmente los populares y los liberales votaron en contra del dictamen, a pesar de que el Ejecutivo aceptó propuestas como que las empresas se puedan deducir el 10% de su aportación al plan de empleo para trabajadores con un salario inferior a los 27.000 euros, un porcentaje que irá bajando según aumente el sueldo. El portavoz del PP, Tomás Cabezón, aseguró aun así que la mano de su partido «sigue tendida». «Muévanse y la podrán sacar adelante», apuntó.

Unidas Podemos optó por el sí tras garantizarse, en palabras de su portavoz, Isabel Franco, que «la caja de la Seguridad Social va a seguir teniendo como mínimo la misma financiación que en la actualidad». Pero no fue ese su único logro. El PSOE también acabó apoyando por error dos enmiendas de los morados para destopar las pensiones y para que las aportaciones de las empresas coticen. Al darse cuenta del patinazo, el grupo socialista intentó repetir la votación, pero chocó con la negativa rotunda del letrado del Congreso. El lamento en las filas del partido gubernamental traspasó los micrófonos: «¡Voy a pasar a la historia por esto!», se escuchó a una voz femenina. «Tranquila», calmó otra más serena.

El desliz puede subsanarse en el pleno presentando un voto particular, algo que el PSOE ya ha anunciado que hará. Pero supone un ejemplo elocuente de una sesión enormemente accidentada producto de las prisas. «No es normal que una vez más se liquide una ley tan importante en una sola sesión de comisión -censuró, entre otros, el portavoz de ERC, Jordi Salvador-. Hablamos de una ley de miles de millones de euros y ahora mismo no he podido leer las (enmiendas) transaccionales porque no las tengo y, si me llegan, me las tendré que leer y votar en un momento», se quejó.

Esquerra, que la semana anterior había mostrado cierta disposición a hablar, optó finalmente por un 'no' rotundo, como viene siendo habitual desde el estallido del 'caso Pegasus'. «No podemos dar apoyo por las formas, por el mensaje y -concluyó Salvador- por la ley en sí».