Los escándalos de Juan Carlos I comprometen los esfuerzos para blindar la Corona

Las dos regularizaciones fiscales presentadas en su nombre –una, para satisfacer los impuestos por el uso de tarjetas opacas que alcanzó los 678.000 euros, y otra, por 4,4 millones, correspondientes a pagos en especie no declarados–, lejos de calmar los ánimos, han revelado una conducta nada ejemplar que solo ha aumentado la presión sobre su hijo, además de echar por tierra los esfuerzos del Gobierno y la Casa del Rey por blindar a la Monarquía frente los escándalos del que durante décadas fue su principal valedor.

La Fiscalía del Tribunal Supremo sospecha que don Juan Carlos habría cobrado durante años comisiones internacionales de forma ilegal, con lo que podría haber incurrido en presuntos delitos de «blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias». El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, así lo sostiene en un informe enviado a las autoridades judiciales suizas el pasado 24 de febrero y que adelantó 'El Mundo' este viernes, para solicitar su cooperación en la investigación sobre el origen de la fortuna del anterior jefe del Estado. Estas afirmaciones provocaron indignación en el rey emérito, que acusó al Ministerio Fiscal de estar «conculcando su presunción de inocencia». También irritó a Unidas Podemos, que instó a la Fiscalía a no retrasar más la presentación de una querella contra el padre de Felipe VI.

Pero, hasta el momento, el equipo de fiscales al frente de la investigación no ha podido recopilar indicios reforzados contra él. La documentación que pueda aportar el país helvético, junto con el trabajo de los peritos de la Agencia Tributaria, que llevan meses revisando pagos de Juan Carlos I, podrían determinar su futuro procesal. Es vital para ello saber si movió el dinero después de abdicar en 2014. De lo contrario, estaría sujeto a su inviolabilidad constitucional como jefe de Estado y, por tanto, sería inimputable.

En el ala socialista del Ejecutivo es perceptible una mayor inquietud por el cerco que se estrecha sobre el padre del actual monarca y por el daño, quizá «irreversible», que está infligiendo a la institución. Desde que en marzo de 2019, Felipe VI comunicó a Sánchez las acusaciones contra su progenitor, el Ejecutivo y la Casa del Rey trabajan de forma conjunta para tratar de introducir algunas medidas de transparencia y fiscalización. La voluntad de ambas partes es acometer reformas profundas para «adecuar la institución a los tiempos actuales». Pero las medidas se demoran.

En la Moncloa dejan claro que es el Rey quien «marca los tiempos». Y ya se sabe que las cosas de palacio van despacio. En la Zarzuela sostienen, sin embargo, que desde que Felipe VI llegó a la Jefatura del Estado ha puesto en marcha varias medidas como auditar las cuentas por una consultora externa, regular los regalos o introducir un código de conducta para los funcionarios de Casa Real. Medidas que se antojan insuficientes para reflotar una monarquía acosada por los escándalos del emérito y que cosecha menos apoyo parlamentario que nunca.

Cuando en junio de 2014 el Congreso votó la ley que reguló la abdicación de Juan Carlos I, solo hubo 19 votos en contra de Izquierda Unida, Esquerra, BNG, Compromís y Geroa Bai. Ahora hay 73 diputados (Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG, la CUP), el 20% de la Cámara, dispuestos a pedir una comisión de investigación sobre los negocios opacos del rey emérito.

Aunque en las filas socialistas hay quien cree que debería agilizarse la adopción de medidas para frenar la erosión a la que están sometidos Felipe VI y la Corona, fuentes del Gobierno insisten en que, por ahora, no se acelerará «nada». «Sin prisas, ni estridencias», remarcan. Consideran que el futuro judicial del anterior monarca no está claro. En todo caso, recuedan que a la investigación la queda recorrido e incluso puede que al final no se judicialice el caso ante el Supremo.