ERC exige la amnistía para los actos vinculados al referéndum desde 2013 hasta el presente

Lo que ya no será tan sencillo, dijo el representante de Esquerra, es ver cómo se administrará políticamente, teniendo en cuenta que no se sabe cuál será la respuesta de los tribunales. «El Supremo lo ve como un ataque (...), hay que ver qué maquinarán los jueces», aseguró, en un acto con los promotores de la amnistía. «Es como si les arrancaran las extremidades», según Joan Ridao, también 'padre' de aquella proposición de ley.

En su primer artículo, el texto dejaba claro que se deben amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas sancionables administrativamente, realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

Se entenderá por intencionalidad política, decía el mismo texto, cualquier hecho «vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración», tanto de la consulta soberanista del 9-N de 2014 como del referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017, así como los actos de protesta perseguidos penalmente o administrativamente.

La amnistía llevará aparejada la extinción de la responsabilidad criminal de las penas impuestas o que se pudieran imponer, así como de las responsabilidades civiles. Igualmente, se pondrá fin a las investigaciones y a los procesos judiciales iniciados, además de a las declaraciones de rebeldía procesal, de extradición, euroórdenes o solicitudes de suplicatorio.