Un empresario acusado en 'Gürtel' y 'Enredadera' niega el pago de comisiones a la trama 'Púnica'

Ulibarri tiene en su historial varios procesamientos en diferentes piezas del 'caso Gürtel' (visita del Papa a Valencia o Arganda) y está investigado en la 'operación Enredadera' por un juzgado de Badalona (estuvo en prisión preventiva).

Este jueves se estrenó como acusado en una tercera causa de corrupción y, vista la avalancha judicial que tiene encima, declaró que no conoce de nada a los cabecillas de 'Púnica', Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, ni a ningún otro investigado en esta causa. Es más, rechazó cualquier vinculación con el presunto pago de comisiones (109.733 euros) a cambio de una adjudicación pública en Madrid en 2004 a una de sus mercantiles, Begar, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. El arrepentido Marjaliza había revelado al juez que medió con autoridades públicas en favor de Begar.

Ulibarri compareció ante el juez de la Audiencia Nacional acompañado de su nuevo abogado, el penalista Cristobal Martell, conocido por la defensa de la familia Pujol, entre otros, y muy experimentado en llegar a acuerdos con la Fiscalía. El empresario aparece señalado en la pieza octava de 'Púnica', relativa a las actividades de Granados en su etapa al frente de la Consejería de Transportes y de la de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Además de desvincularse del exdirigente regional del PP en prisión, Ulibarri rechazó cualquier participación en adjudicaciones públicas, contratos o en el pago de comisiones investigadas en este caso. Su corporación, declaró, «tenía en ese momento 5.000 empleados» como para acordarse de una obra en concreto.

Según el juez, dos facturas localizadas en el registro a las empresas de Marjaliza «constatan» que fue Aruba -mercantil del entonces socio de Granados- quien «materializó» el pago de 109.733,68 euros en comisiones por parte de Begar a cambio de una adjudicación de un contrato firmado con la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), el 18 de mayo de 2004.

Ulibarri pasó dos meses en prisión preventiva el año pasado tras su detención en 'Enredadera', una trama autonómica que supuestamente manipuló licitaciones para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado, bases de datos policiales o radares, entre otros ilícitos.

En el marco de esta causa, este periódico publicó varias conversaciones suyas con políticos como el exalcalde de León Antonio Silván o el actual consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ambos del PP, en las que presuntamente facilitaban información a Ulibarri sobre diferentes contratos. El juez o la Fiscalía no han procedido de momento contra ninguno de los dos.