El PP abre en Castilla y León un nuevo ciclo electoral para apuntalar a Casado

El presidente de la Junta de Castilla y León justificó la decisión ante «un riesgo cierto inminente» de una nueva moción de censura -en marzo se abría el plazo para presentar otra tras el fracaso de la de marzo pasado- y por la «deslealtad» de su socio de Gobierno tras constatar que estaba negociando a sus «espaldas» con el partido Por Ávila enmiendas por 35 millones de euros a los Presupuestos de 2022. «El chantaje de apoyos por privilegios puede funcionar con Pedro Sánchez -dijo el presidente regional-, pero no conmigo».

En Ciudadanos no daban crédito a la maniobra de Fernández Mañueco, que les coloca de nuevo al borde del abismo. Inés Arrimadas habló con el mandatario autonómico el domingo y le volvió a negar la posibilidad de poner las urnas. «Hablamos de sacar los Presupuestos esta semana y de la Conferencia de Presidentes», dijo hoy la líder naranja. «No es un hombre de bien», señaló por su parte, el ya exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que se enteró de su cese en plena entrevista en Onda Cero. «En público y en privado -afirmó- me ha dicho que no convocaría (elecciones)».

Fernández Mañueco había asegurado reiteradamente que solo la falta de «estabilidad» podría conllevar una decisión de estas características, que llega después de un primer aviso en septiembre, cuando el PP rechazó el plan sanitario estrella de Ciudadanos. Entonces la crisis se saldó sin más consecuencias pero abrió un panorama de incertidumbre y de precampaña.

Fuentes de la dirección naranja aseguran que durante su conversación Arrimadas y Mañueco coincidieron en que no cabía precipitar las elecciones en ningún escenario, menos ahora con la sexta ola de coronavirus desbocada, e incluso el presidente castellanoleonés llegó a plantear la opción de gobernar con el actual presupuesto prorrogado si no se aprobaban este jueves las cuentas regionales.

En Ciudadanos hablan de «traición», pero también la atribuyen a las «presiones» de la dirección nacional del PP, a la que sitúan en el epicentro de todos sus males. En el entorno de Arrimadas apuntan que habían conseguido desactivar el empuje de Génova para que se anticipasen las elecciones en Andalucía y que confiaban en espantar también ese fantasma en Castilla y León. Sin embargo, no ha podido ser. «Fernández Mañueco ha doblado la espalda y la rodilla ante Génova», lamentó la líder liberal, que acusó a Pablo Casado de presionar a su barón territorial para tapar su crisis interna por la pugna con Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del PP evitó responder a estos dardos y se limitó a mostrar su respaldo al presidente castellanoleonés, que ha hecho «todo lo posible», en su opinión, para mantener la estabilidad del Ejecutivo. Según explicó, había «indicios» de que los socialistas buscaba apoyos para presentar otra moción de censura como la de marzo pasado, y en Génova existía el temor a que alguno de los once procuradores de Ciudadanos cambiase de chaqueta para asegurarse un asiento en el nuevo Gobierno. «También lo negaban para Murcia», respondió Casado sobre el desmentido de la formación liberal.

En aquella ocasión, la presidenta madrileña, ante la posibilidad de que se presentara en su comunidad otra moción, decidió convocar elecciones, que se celebraron el 4 de mayo con una victoria arrolladora de Díaz Ayuso, e impulsó de nuevo al PP en todos los sondeos. Desde entonces en Génova acarician la idea de que los adelantos en Andalucía -Juanma Moreno ha hablado ya de junio u octubre- y Castilla y León, con previsibles victorias del PP, sirvan para meter presión a Pedro Sánchez y despejar el camino de Casado a la Moncloa.

En estas dos comunidades las encuestas también anticipan un buen resultado a los conservadores, sobre todo por la desaparición de Ciudadanos. Pero también recogen la subida de la formación de Santiago Abascal, con la que previsiblemente el PP tendrá que negociar en ambos territorios si quiere revalidar sus gobiernos autonómicos. Serán el laboratorio de pruebas de las relaciones con Vox de cara a la gobernabilidad de España.

El último sondeo de Metroscopia le da a la formación ultraderechista entre diez y once escaños en Castilla León, cuando ahora sólo sienta a un procurador en las Cortes autonómicas. El Centro de Estudios Andaluces apunta también a una subida de los de Abascal en esa región, que pasaría de los doce escaños actuales a obtener entre trece y quince diputados regionales.