El Ejecutivo no se plantea recurrir la censura al Rey del Ayuntamiento de Barcelona

Calvo argumentó que la diferencia entre un caso y otro radica en que, mientras el Parlament tiene «capacidad normativa», los ayuntamientos «no tienen esa capacidad». Se da la circunstancia de que la resolución del legislativo catalán no tiene rango de ley ni fuerza jurídica alguna, como ya apuntó el Consejo de Estado en el informe preceptivo emitido la semana pasada, en el que desaconsejó al Gobierno la impungnación. El propio Ejecutivo lo ha admitido así desde el primer día.

Calvo, no en vano, esgrimió hoy que si recurre el polémico texto al Tribunal Constitucional es «para que quede absolutamente clara la posición política y de defensa de la constitucionalidad», aunque también insistió en los argumentos esgrimidos la semana pasada por la portavoz, Isabel Celaá, según los cuáles el Parlament se habría extralimitado en sus competencias al «intentar la reforma del modelo de Estado». «Al Gobierno el reproche político no le parece suficiente y le resulta absolutamente oportuno que el Constitucional se pronuncie», añadió.

En la misma comparecencia, no obstante, la vicepresidenta rechazó que se haya abierto un debate sobre la Monarquía en España y alegó que, como otras veces en los últimos años, simplemente algunas fuerzas políticas que llevan en su ideario la constitución de una república se han «activado».

El mismo día en el que Celaá anunció que, pese al Consejo de Estado, se iría adelante con la impugnación, Pablo Iglesias escribió en su cuenta de Twitter. «El Gobierno sostiene que los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido, sin pasar por las urnas. Es hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia». Días después, IU advirtió de que promovería mociones contra Felipe VI en miles de ayuntamientos.