La Comisión Disciplinaria echa del juzgado a la magistrada De Lara, azote de la corrupción gallega

El motivo ha sido «la desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas en el ejercicio de las competencias judiciales«, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ello, pese a la importante carga de trabajo en el juzgado, que ha instruido o instruye algunas de las causas de corrupción más complejas y voluminosas del país, como las operaciones 'Pokemon', 'Pulpo', 'Garañón', 'Vendex', 'Aquagest' o 'Carioca'.

La juez concluyó precisamente ayer la investigación de la pieza principal de esta última causa, con el procesamiento por múltiples delitos de los propietarios de tres clubes de alterne de Lugo y dos guardias civiles y la exoneración de otras diez personas (entre ellas ocho mujeres que trabajan en los clubes). Solo esta parte del 'caso Carioca' tiene 274 tomos y otros 36 de transcripciones de las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial.

La decisión de la Comisión Disciplinaria, que no ha admitido ninguna de las pruebas presentadas por el abogado de De Lara, ya ha sido comunicada a la magistrada. Al ser superior a los seis meses, esta sanción implica la pérdida de destino, esto es, el abandono del juzgado. Sin embargo, la suspensión será ejecutiva una vez que se agote la vía administrativa (la juez gijonesa tiene un mes de plazo para recurrir en alzada al Pleno del CGPJ y, en el caso de que se confirme el castigo, cabría interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Desde 2016, De Lara ha visto como muchos acusados en sus investigaciones han tratado de recusarla por diversos motivos, entre ellos enemistad manifiesta. Así ocurrió con el exlíder de los socialistas gallegos y expresidente de la Diputación de Lugo José Ramón Gómez Besteiro, investigado en el 'caso Garañón' (una polémica promoción urbanística cuando el político era concejal del ramo en el consistorio lucense).

En algunos casos, los superiores de De Lara le dieron la razón, pero en otros le han cortado las alas para seguir instruyendo pesquisas fuera de Galicia, como las derivadas del 'caso Aquagest' (presunto tráfico de influencias y cohecho de esta empresa de agua) en Cataluña, Valencia o Murcia. Especialmente beligerante con ella ha sido la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo.

De forma colateral, se han producido otros episodios llamativos: el juzgado de la magistrada ha recibido desde 2016 varias inspecciones del Consejo General del Poder Judicial, un órgano del que es vocal la magistrada Clara Martínez de Coreaga, esposa del exfiscal general y miembro del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido (su hijo, ahora investigado en la Audiencia Nacional por presunta blanqueo de capitales, ha sido abogado del socialista Gómez Besteiro).

También se han producido intromisiones o referencias a la vida privada de la juez De Lara en los escritos de defensa o seguimientos policiales al hermano de la magistrada, que ha investigado un juzgado de Gijón, tal y como publicó este periódico.