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En verano, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en que los Presupuestos de 2021 se iban a presentar antes del otoño. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, estaba convencido en junio de que iban a salir «sí o sí» con el apoyo de los ... partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que a mediados de octubre Unidas Podemos y PSOE siguen enfrascados en discusiones por los flecos del acuerdo sobre las Cuentas Públicas que amenazan la continuidad del proyecto de la coalición.
Según fuentes cercanas a Unidas Podemos, las principales discrepancias entre ambos partidos sigue siendo la regulación del precio de los alquileres y la subida de los impuestos para las rentas altas a través del IRPF. En cuanto al primer punto, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cerró ayer la puerta a esta posibilidad, alegando que esta debe incluirse en la ley de vivienda que ya están preparando y no en los Presupuestos. El también secretario de Organización del PSOE ha asegurado que está dispuesto a «seguir hablando», pero considera que hay que esperar a que se despejen «todas las incertidumbres» del mercado de la vivienda.
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Desde el ala morada de la coalición reconocen que esta cuestión «podría retrasar el borrador presupuestario». La semana pasada ya se envió a Bruselas el plan presupuestario con la parte fiscal en blanco, según las citadas fuentes. «El motivo es la discrepancia que existe en esta materia. Unidas Podemos insiste en una subida de impuestos directos a las rentas altas», explican.
Los de Iglesias quieren urgentemente una regulación del precio de los alquileres, tal y como recoge el programa de Gobierno, «porque es un tema urgente y facilita la aprobación del borrador por parte de los grupos de la investidura, sobre todo de los catalanes, ya que la ley daría cobertura legal a la aprobada en Catalunya y que está ahora mismo recurrida».
Estas discrepancias, con las que Unidas Podemos busca dejar su impronta en las Cuentas Públicas y diferenciarse del PSOE, también afecan al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Desde el Podemos consideran que tiene que recuperar la capacidad adquisitiva de «forma decidid»a.
Además, la Vicepresidencia de Derechos Sociales, encabezada por el propio Iglesias, plabtea aprovechar la tramitación parlamentaria del Ingreso Mínimo Vital para incorporar «avances que permitan atender mejor las situaciones de falta de ingresos a las que se están enfrentando muchos hogares, y corregir problemas en algunos requisitos de acceso que están limitando su eficacia», señalan.
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