Solo el 25% de los diputados renunció a la tarjeta de taxi de 3.000 euros anuales del Congreso

El coste de estas tarjetas no supone una cantidad fija ya que su uso es finalista, esto es, el Congreso solo abona los viajes que el parlamentario realice efectivamente. Lo que está fijado es el precio máximo por diputado, 3.000 euros al año, lo que supone una media de 250 euros al mes.

Si todos los que no renunciaron a la tarjeta hubieran agotado su consumo, el Congreso de los Diputados habría pagado más de 3,15 millones de euros de media en los casi tres años que ha durado esta XII Legislatura. No obstante, la Cámara Baja no detalla el gasto total en que se ha incurrido, ni tampoco lo que ha consumido en desplazamientos en taxi cada diputado que solicitó la tarjeta.

Según los datos del Congreso desde el inicio de la Legislatura (en julio de 2016) hasta el pasado mes de abril -las Cortes se disolvieron el 5 de marzo-, a los que ha tenido acceso Europa Press, en torno a 262 diputados de media por cada año de Legislatura solicitaron la tarjeta, lo que supone un 75% del hemiciclo.

Entre ellos figuran los 32 de Ciudadanos -solo en 2016 dos diputados 'naranjas' no la reclamaron-, siete de los nueve de ERC -en 2018 la solicitaron todos-, los cinco del PNV y prácticamente todos los integrantes del Grupo Mixto.

De los 134 diputados del PP, la cifra varió año a año, pero solo 25 parlamentarios de media no la reclamaron en esta Legislatura, mientras que en el PSOE de los 84 diputados en torno a 17 no la pidieron.

Por contra, de los 67 parlamentarios que formaron parte del grupo confederal de Unidos Podemos, mucho más de la mitad, en concreto 41, desecharon esa tarjeta frente a los 26 que sí la demandaron. Eso sí, se desconoce si pertenecían a Podemos e Izquierda Unida, que sumaron 50 diputados, a En Comú (12) y a En Marea (5).

Además del taxi, el Congreso cubre a los diputados los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco), así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista.

Si lo que usan es su propio automóvil para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, se les abona 25 céntimos por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas, siempre con la debida justificación.