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Los diputados que salgan elegidos el próximo 28 de abril se incorporarán al Congreso con nuevos deberes que cumplir. El código de conducta de la Cámara baja entró este martes en vigor y, si hasta ahora los parlamentarios estaban obligados a presentar sus declaraciones ... de bienes y actividades, a partir de la próxima legislatura también tendrán que informar sobre los empleos desempeñados en el pasado y los obsequios, donaciones o beneficios no remunerados que recibieron antes de su llegada a la Cámara baja.
Todo quedará incluido en una declaración de intereses económicos que persigue evitar situaciones de conflicto. Los únicos regalos que quedan fuera de toda obligación serán aquellos personales que provengan de amigos o familiares. Esto significa que, según el texto aprobado por la Mesa del Congreso el pasado 28 de febrero, los diputados deberán dar cuenta de cuestiones como «viajes e invitaciones a actividades deportivas o culturales que, por su valor o por cualquier otra circunstancia, sean de naturaleza relevante» y se hayan disfrutando con anterioridad al cargo.
Del mismo modo, mientras permanezcan en el Congreso tendrán que abstenerse de recibir obsequios que puedan ser percibidos «como un intento de influir en su conducta» y su voto. Entregarán a la Secretaría General las dádivas recibidas en los viajes oficiales y que superen cierto valor. En resumen, sólo serán admisibles los regalos, incluidos descuentos, que sean «comunes» según «los usos y costumbres».
Fuentes parlamentarias aclaran que se trata de aplicar el sentido común. Que si el diputado aceptó en el pasado una estancia vacacional financiada al completo o en un alto porcentaje por una empresa o tercero, debería declararlo. En todo caso, el Congreso creará una oficina de conflicto de intereses con un letrado al frente que podrá asesorar de manera confidencial a quien lo requiera.
En esta nueva etapa, los diputados también asumirán la obligación de publicar sus agendas, sobre todo los encuentros con 'lobbies', grupos de interés que intentan influir en el proceso legislativo. Y, tras la polémica sobre los títulos académicos de algunos dirigentes políticos, tendrán la oportunidad de adjuntar a su currículum la documentación que consideren «relevante».
En definitiva, se trata de un compromiso que adquirió la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tras las recomendaciones emitidas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.
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