Dimite la directora general de Trabajo por el registro del sindicato de prostitutas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró que la postura del Ejecutivo respecto a la prostitución, la abolición de esta actividad, «está muy clara» y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó que Concepción Pascual «igual no supo interpretar» el significado de permitir el registro del sindicato «porque en la administración no todo el mundo tiene sensibilidad política ni se le exige». Pascual, que fue nombrada directora general de Trabajo el pasado 6 de julio, pertenece desde 1997 al cuerpo superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

El BOE del 4 de agosto confirmó la inscripción de Otras y en cuanto se hizo pública la noticia, la ministra anunció que se tomarían las medidas necesarias para subsanar un hecho que «se desconocía por completo». La dimisión de Pascual es el primer paso; el segundo será la anulación de la inscripción. Para ello el Gobierno recurrió a la Abogación del Estado, que cree que «no será difícil» anular «de pleno derecho» el registro.

La semana pasado, las miembros de Otras cargaron contra el Gobierno. «No existe ningún trabajo en el que sus trabajadores no puedan sindicarse», afirmó la portavoz del colectivo, Concha Borrell. «En ningún lado del Código Penal dice que ejercer la prostitución voluntaria sea ilegal», agregó Borrell, que rechazó que el Ejecutivo no supiera «qué es legal y qué no lo es» y que quisiera revocar la inscripción.

El registro de Otras también ha obligado a los partidos políticos y a los sindicatos a posicionarse sobre un asunto que genera tanta controversia. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió en la postura que su formación ha defendido en el pasado: la regulación de este trabajo para quienes lo ejercen «sin coacciones». «No seamos hipócritas, poniéndonos una venda en los ojos no va a desaparecer la prostitución. Ojalá nadie la ejerza, pero si alguien quiere hacerlo con libertad y de manera voluntaria no puede estar desprotegido», aseguró Rivera, que a la vez se mostró abierto a un endurecimiento del Codigo Penal para las mafias de trata de seres humanos.

Los otros grandes partidos del Congreso rechazaron la inscripción del sindicato. El PP pide la abolición de la prostitución porque «es la evidencia más antigua de la desigualdad y la violencia contra las mujeres», una postura que comparte con Podemos, que cargó contra la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), que califica como «patronal de proxenetas». Sin embargo, En Comú Podem, la marca catalana de Podemos, respaldó al sindicato. «Impedir que se unan las trabajadoras, sean del sector que sean, siempre es un paso atrás, más aún si esta unión les permite luchar contra la estigmatización, la precariedad y la marginalidad», escribió el viernes en su cuenta de Twitter En Comú.