La Generalitat advierte al Gobierno de que el 155 creará una situación «todavía más grave»

En las alegaciones adjuntas, la Generalitat recurre precisamente al articulado de la Constitución para oponerse a la intervención de la autonomía catalana .“Para resolver lo que el Gobierno ha calificado de grave situación extraordinaria, se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria al arrebatar a Cataluña de su autonomía”, denuncia. Interpreta el Gabinete de Puigdemont que la Carta Magna sólo autoriza al Gobierno a dar instrucciones a las autoridades de una comunidad, lo que a su juicio sería “incompatible” con cesar a las mismas. “El Senado no puede dar un cheque en blanco al Gobierno del Estado”, sostiene el documento.

Pero, además, recurre al artículo 2 de la Constitución para que se tenga en cuenta su contenido a la hora de activar el 155. Ese precepto es precisamente el que reconoce “la indisoluble unidad de la Nación española”, pero también garantiza, como subraya la Generalitat en su alegato, “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”.

Del mismo modo, hace referencia a los artículos 137 y 152 sobre la organización del Estado. Siendo así, discrepa del Gobierno, que en su solicitud de autorización al Senado plantea el cese del presidente catalán y sus consejeros, el control de la administración de ese territorio y la limitación de las atribuciones del Parlament. “Las medidas al amparo del artículo 155 no pueden dejar sin efecto la organización institucional de la Generalitat de Cataluña que se ha concretado en el Estatuto de Autonomía”, puntualiza.

En el documento se censura, además, que el Consejo de Ministros haya “ignorado el ofrecimiento de diálogo” que Puigdemont extendió en su respuesta al requerimiento previo a la activación del 155. Y se sostiene que el acuerdo con las medidas de intervención en Cataluña va más allá de intentar que se interrumpa el proceso independentista, que ese “límite ha sido ampliamente sobrepasado”. “No se dirigen sólo a que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia y los otros actos dirigidos a este mismo objetivo, sino que despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones”.

En consecuencia, continúa el argumento, en el supuesto de que el Senado autorice la adopción de esas medidas, estaría “imponiéndolas sin una ponderada causa justificante”, incurriendo en “un exceso notorio” y con “manifiesta desproporción”.

En este sentido, califica de “verdadera aberración” que la facultad para la convocatoria de elecciones en Cataluña vaya a pasar a manos del presidente del Gobierno, que tendría la facultad de disolver el Parlamento autonómico, “un órgano estatutario de elección directa y qe es el representante de la ciudadanía de Cataluña”.

En este apartado, la Generalitat recupera un voto particular de Alianza Popular en el proceso constituyente de 1978. Asegura que Manuel Fraga argumentaba entonces que “el Gobierno de la nación puede acordar la intervención de una región autónoma, dando cuenta inmediata a las Cortes, pero asumiendo en ese caso, según las circunstancias, todos los poderes”. Y que su tesis fue “ampliamente rechazada”.