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El «cariño» con el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió llevar las conversaciones para convalidar la reforma laboral con los socios habituales del Gobierno no ha logrado ablandar, al menos por ahora, el corazón de Esquerra Republicana de Catalunya. Al contrario. Después de ... días advirtiendo de que, si no se aceptan modificaciones, su formación no respaldará el próximo 3 de febrero el real decreto ley en el que el Ejecutivo plasmó su acuerdo con sindicatos y patronal, Gabriel Rufián elevó este miércoles el tono y cargó expresa y directamente contra la vicepresidenta segunda.
El dirigente independentista alegó que, teniendo en cuenta la intención de Díaz de encabezar un nuevo «proyecto de país» superador de las siglas de Unidas Podemos y con una cierta vocación de transversalidad, el empeño en no tocar ni una coma del decreto para preservar la adhesión de la patronal puede ser «inteligente». Pero insistió en que su partido no puede avalar un texto que, adujo, «ni siquiera es una reforma sino maquillaje». «Esquerra no negocia ni vota proyectos personales y lo digo con todo el respeto», llegó a espetar en una comparecencia ante la prensa en el Congreso.
La dureza del tono empleado por el portavoz republicano coloca en una situación delicada a todo el Gobierno, pero especialmente a Unidas Podemos y a su principal referente institucional. Díaz se ha implicado muy personalmente en la negociación con los aliados de la investidura y, de modo especial, con ERC y el PNV. Entre otras cosas, porque pretendía conseguir que el «hito» que ha supuesto poner de acuerdo a sindicatos y patronal en un tema tan espinoso tuviera también su plasmación en la cámara baja y porque pretendía evitar que Ciudadanos, el único grupo que, a día de hoy, se ha mostrado dispuesto a convalidar el decreto en sus términos, apareciera como su principal respaldo.
Rufián, que desde hace tiempo acusa al Ejecutivo de negociar todas sus iniciativas bajo «chantaje», agitando el miedo a la derecha, invirtió ayer los términos de la ecuación y se sacudió la advertencia lanzada la semana pasada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien afirmó que votar 'no' a esta reforma es tanto como votar 'sí' a la aprobada por el PP en 2012.
«La posición complicada es de quien durante mucho tiempo prometió que esto iba a ser de una manera y lo ha acabado pactando con Ciudadanos que son lo que son», dijo en alusión a la promesa de derogar el texto impulsado por los populares sin consenso político ni acuerdo social . «Yo no tengo ninguna dificultad para explicarle a un tendero de Santa Coloma de Gramanet por qué no apoyo esta reforma».
El enroque de los republicanos tiene un problema añadido para el Ejecutivo y es que puede llegar a condionar la posición de otras formaciones no solo de su mismo bloque ideológico, también del PNV. El Gobierno confiaba al menos en poder llevar a ERC a la abstención, pero esa posibilidad, a solo dos semanas del pleno en el que la reforma laboral se someterá a votación aparece ahora muy remota.
Esquerra incluso amenazó este miércoles con hacer frente común con formaciones como EH-Bildu y el BNG, que se encuentran en posiciones durísimas, y dejó claro que su oposición al texto no se limita a una cuestión competencial como el control administrativo sobre los ERE o la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales sino también a asuntos que afectan a las «condiciones de vida de todos, vivan donde vivan»como la recuperación de las indemnizaciones de 45 días por despido o los salarios de tramitación. «No estamos defendiendo el rinconcito de los 'indepes'», adujo.
Ese planteamiento estrecha el margen de maniobra de la ministra de Trabajo, que aunque ayer anunció su positivo en covid tiene intención de seguir presionando a los grupos por vías no presenciales. En la negociación, se ha trasladado el mensaje de que esta reforma no tiene por qué poner fin a la actuación del Gobierno en materia laboral y, como anzuelo específico para el PNV, se ha llegado a colocar sobre la mesa una próxima modificación de los artículo 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores para que quepa hacer la interpretación de que en caso de conflicto son los convenios autonómicos los que prevalecen.
Rufián fue elocuente a la hora de advertir de que a su formación no le basta esa promesa sobre la que, por otro lado, Cataluña nunca ha hecho caballo de batalla porque, a diferencia de lo que ocurre en el País Vasco, allí los sindicatos mayoritarios son también UGT y CC OO que se oponen a esa medida. Pero también desdeñó el mensaje, al que la semana pasada se abonaron Pepe Álvarez y Unai Sordo, de que en el futuro cabe poner en marcha nuevas iniciativas. «La fuerza negociadora la tenemos ahora; una vez aprobada esta reforma laboral ¿qué incentivo van a tener para abordar más cambios?». «No es mania, es memoria -insistió-. Nuestra experiencia nos dice que de lo que no apruebes ahora, olvídate».
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