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La nueva disensión abierta en el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta de la impugnación lanzada por el socio minoritario de la coalición contra la cumbre de la OTAN que se celebrará el 29 y 30 de junio en Madrid, ha salpicado al ... propio presidente, que este martes se vio obligado a responder en Bruselas sobre la fractura en su Ejecutivo en un asunto particularmente sensible para la proyección de su liderazgo. Sánchez minimizó el alcance de las diferencias, pero por la vía de considerar cuando menos trasnochadas las críticas de Unidas Podemos a la Alianza Atlántica.
El jefe del Gobierno dejó entrever su desdén ante unas «posturas testimoniales» que no llegó a tildar de desfasadas, pero casi. Sostuvo que esas actitudes de rechazo a la organización militar, que dijo «respetar», provienen «de lejos». De «cuando éramos pequeños», afirmó incluso, tirando de álbum personal. De sus palabras se dedujo que el presidente ve el rechazo a la OTAN más propio de la España de 1982 -«cuando yo tenía diez años»- que de la España de 2022 que él lidera. «El contexto geopolítico es otro» al de hace 40 años, insistió Sánchez a sus socios de Gobierno, a quienes recordó que su «responsabilidad» al frente del Ejecutivo es «garantizar la defensa y seguridad de mi país». «Y la defensa de España y de la UE se consolida con su pertenencia a la OTAN», remachó, al tiempo que reivindicó la Alianza hasta situarla como un punto de «acuerdo» entre «gentes de derechas y de izquierdas».
Que España vaya a ser la anfitriona de la cumbre de la Alianza más relevante en años por efecto de la invasión rusa de Ucrania ha provocado la primera discrepancia seria y notoria entre Sánchez y Yolanda Díaz, habituada a actuar de paraguas de la coalición cuando llueve el malestar o la divergencia desde su flanco, el de Unidas Podemos. El presidente quiso restar también relevancia al hecho de que su vicepresidenta segunda se resista a aclarar si acudirá o no a los actos institucionales a que va a dar lugar el cónclave; o a que la división de los socios despierte resquemores entre los integrantes de la Alianza.
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Miguel Ángel Alfonso
Sánchez volvió a atemperar las consecuencias de la quiebra en su Consejo de Ministros dejando claro que es él, al encarnar la Presidencia del Gobierno, quien ejerce de «anfitrión» el citas internacionales de esta dimensión. Al tiempo que aseguró que ningún aliado de la OTAN le ha trasladado dudas sobre la posición de Unidas Podemos. Esta distancia en el seno de la coalición «no tiene ninguna traslación en el grado de compromiso de España» con la Alianza, garantizó.
Mientras el PSOE defiende la importancia internacional de la cita, en Unidas Podemos las voces se alzan contra el militarismo y el aumento del gasto militar prometido por Sánchez en el marco del 40º aniversario de la incorporación de España a la OTAN. Unos actos a los que no asistieron ni Díaz -que se excusó por unas pruebas médicas- ni el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, quien apeló a la «genealogía» de su militancia partidaria. Ambos comparecieron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta del PERTE social y de la ley de protección al cliente. Pero estos quedaron oscurecidos por la polémica, en la que ni una ni otro treminaron de despejar si repetirán el plantón en la cumbre.
Ambos se remitieron a sus agendas, «que son públicas», para sortear las preguntas. Aún no se conoce el programa concreto ni los miembros del Gobierno que estarán invitados al cónclave de la OTAN. «Ni siquiera sé lo que voy a hacer la semana que viene», trató de escudarse Garzón.
Lo que sí hizo Díaz fue desmarcarse de las acusaciones vertidas el día anterior por el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien acusó al Gobierno de haber adjudicado «a dedo» y «sin concurso público» el contrato de 37 millones de euros previsto para la organización del evento. Díaz alegó que dicha contratación es «legal y transparente», que se aprobó en el Consejo de Ministros -del que forma parte Unidas Podemos- y que «cualquiera puede acceder a ellos».
Estos contratos tienen como finalidad el alquiler de la sede de Ifema y los servicios que allí se prestan, como mobiliario, limpieza o material informático; además de elementos con los que la Policía Nacional pueda asegurar la seguridad del evento. Este montante afecta a dos adjudicaciones de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, que fueron aprobadas el día 26 de abril.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció este martes un plan de empleo específico para Andalucía dotado con 50 millones de euros para mejorar la empleabilidad de parados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes. Un anuncio que despertó polémica al haberse producido a tan solo tres días del comienzo de la campaña andaluza para las elecciones del 19 de junio.
Díaz justificó esta medida por las elevadas tasas de paro que registra esta comunidad, el 19,5% frente al 13,6%» de la media española, según cifró. También hizo hincapié en que el paro juvenil en Andalucía «supera en casi seis puntos» la tasa nacional. En esta línea, la vicepresidenta indicó que el objetivo es mejorar las posibilidades de encontrar un trabajo de los parados de larga duración -«un auténtico drama», lo calificó-, «de los mayores de 55 años» y, especialmente, de las mujeres y también los jóvenes.
El año pasado el Gobierno entregó una partida con la misma cantidad a Andalucía y con el mismo fin. Lo único que varía son las fechas. En la anterior convocatoria (la de 2021), el Gobierno la aprobó el 13 de julio. En esta ocasión, se ha anunciado a finales de mayo, en vísperas de que se abra una campaña electoral con proyección sobre el panorama político español. Para la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la medida supone, como descalificó en las redes sociales, «una compra de votos». «No tienen vergüenza después de esquilmar a Andalucía durante 40 años de corrupción, enchufismo y paro», censuró.
Lo cierto es que las encuestas no están siendo benevolentes con el candidato socialista, Juan Espadas, ni con la lista Por Andalucía, que integra al sector morado y a Más País. Según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces dependiente de la Junta publicado el lunes, el PP obtendría entre 47 y 49 escaños, cerca de la mayoría absoluta de 55.
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