La desobediencia civil también divide al independentismo

Desobediencia fue el 1-O, que se pudo celebrar porque la sociedad, organizada, se hizo con el control de los colegios electorales e impidió con sentadas y a través de prácticas de resistencia pasiva que la Policía requisara las urnas. Desobediencia civil fue también la huelga del 3 de octubre de 2017. En esta ocasión no se prevé un nuevo referéndum (lo descartó a corto plazo la consejera de la Presidencia), aunque Torra diga que la respuesta al Supremo debe estar basada en el derecho de autodeterminación, pero sí se repetirá la convocatoria de huelga.

Será el día 11. Las discrepancias llegan en el día después del paro general. Ómnium Cultural apuesta por una jornada de paro, mientras que la ANC aboga por el colapso de varios días. A los militantes independentistas ya se les ha pedido que para el día de la sentencia tengan provisiones, lleven una radio y una silla plegable. La plataforma secreta 'Tsumani democrático', que no tiene portavoces, busca grandes concentraciones que paralicen la actividad de Cataluña.

La ANC invitó hace una semana a unas jornadas al profesor universitario norteamericano, Ramón Grosfoguel, al que los medios públicos catalanes presentan como gurú de la resistencia civil. Su receta es contundente: «Una lucha pacífica para hacer Cataluña ingobernable» hasta conseguir la libertad de los presos y el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Su modelo es la protesta de Hong Kong. Plantea la ocupación de aeropuertos, carreteras y vías de tren de forma indefinida. De ahí la llamada realizada por Pilar Rahola, agitadora oficiosa del movimiento secesionista, a que la gente vaya haciendo acopio de víveres para echarse a la calle el tiempo que haga falta. No obstante, hace un año, simpatizantes secesionistas ya acamparon en la plaza Sant Jaume y la iniciativa tuvo un impacto nulo.

El problema de la desobediencia civil es que la línea roja es muy fina. Activistas CDR trataron de impedir el traslado de los presos desde la cárcel de Lledoners y han acabado imputados. Resistencia civil fue también el tapón humano que se formó frente a la Consejería de Economía el 20-S de 2017 para bloquear la salida de la comitiva judicial, pero la Fiscalía en cambio lo consideró 'tumultuario'.

Jordi Sànchez, desde prisión, puso recientemente sobre la mesa otra propuesta. Dijo que si 300.000 catalanes dejan de pagar sus impuestos en la Hacienda española provocarán un «problema al Estado», aunque advirtió de que esta acción requiere la asunción de riesgos personales en forma de multas. La ANC, además, lleva meses con una campaña, que considera desobediencia civil, de boicot a las empresas que no apoyan al 'procés', especialmente las entidades financieras, compañías eléctricas, de gas, agua y telecomunicaciones.

Capítulo aparte merece la desobediencia institucional. El soberanismo la lleva practicando desde 2014. Desobedeció Mas con el 9-N, lo hizo presuntamente Puigdemont con el 1-O y lo pudo haber hecho también Qum Torra negándose a retirar la pancarta de los lazos. Ahora, el presidente de la Generalitat advierte de que no aceptará la sentencia del Supremo y anuncia una respuesta desde el Ejecutivo. Los republicanos han fijado el 155 como el listón que no debe superarse en el grado de intensidad de la respuesta. El acto de desobediencia institucional más contundente que podría adoptar Torra sería abrir las prisiones a los nueve encarcelados del 'proces'. No lo descartó hace un año, aunque luego se desdijo.