Desestimadas las alegaciones de los Franco sobre la propiedad del Pazo Meirás

Esta mañana se ha celebrado la audiencia previa al juicio sobre la residencia de verano del dictador, ubicada en Sada (A Coruña), que en los últimos años ha protagonizado un sinfín de reclamaciones desde Galicia para que vuelva a ser integrada en los bienes del Estado.

La Abogacía del Estado y la defensa de los Franco accedieron a los juzgados con la duda de que no habría acuerdo, como ha ocurrido, por lo que el juicio se celebrará en la primera quincena de julio de forma continuada y durará una semana.

Además de no admitir las alegaciones complementarias de los Franco, la jueza también ha desestimado la primera alegación de la Abogacía del Estado relativa a demostrar que otras administraciones, aparte del Ayuntamiento de A Coruña, aportaron dinero al mantenimiento del pazo por no ser «complementaria» y porque tenía que haberse presentando en la demanda.

La audiencia se ha prolongado durante algo más de tres horas en las que la Abogacía del Estado y los letrados de la familia Franco, además de Xunta y Ayuntamientos de A Coruña y Sada como partes personadas, han presentado sus alegaciones.

Los títulos de propiedad del pazo, la existencia de usucapión y su duración aplicable a este caso de 10 o 30 años, las fincas colindantes al pazo, los recibos abonados en su mantenimiento y los gastos relativos a la explotación agropecuaria, así como las inversiones en el inmueble, han sido los puntos en los que se han centrado dichas alegaciones.

Las intervenciones de la Abogacía del Estado, en primer lugar, y de la defensa de los Franco fundamentalmente no han variado respecto a la demanda y su contestación, y se han intercambiado comentarios como «pirueta jurídica» o «impertinente» sobre sus respectivos alegatos.

Los Franco niegan que la compra de Meirás fuera «simulada y fraudulenta», como sostiene la Abogacía del Estado que dice que el título de 1941 se hizo para «subsanar una situación anterior» de 1938 con un «pago ficticio», lo que ha considerado una «pirueta jurídica» sin consistencia. EFE