El desacuerdo de PSOE y PP para renovar el CGPJ afecta ya al Constitucional

Ayer, 12 de junio, caducó el mandato de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, entre ellos el de su presidente, Pedro González-Trevijano, y su vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Y su sustitución se complica por el bloqueo para cambiar el gobierno de los jueces.

El órgano que avala la constitucionalidad de las leyes, dirime conflictos de competencias entre el Gobierno central y las autonomías y, sobre todo, da amparo frente a la vulneración de derechos fundamentales se renueva por tercios. La falta de acuerdo político ya retrasó casi dos años, hasta noviembre de 2021, el recambio que dependía del Congreso.

Ahora es el turno del Gobierno (dos miembros) y el Poder Judicial (otros dos). Este último, sin embargo, tiene limitada su capacidad para hacer nombramientos estando en funciones, a raiz de la reforma legislativa impulsada el pasado año por el PSOE en un intento de forzar al PP a moverse. Una reforma que, a su vez, fue recurrida por los populares y Vox, pero sobre la que el Constitucional no parece tener prisa para pronunciarse. Los ponentes en ambos casos son dos magistrados a propuesta del PSOE, el vicepresidente Xiol y María Luisa Balaguer.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró el miércoles en Onda Cero que el Ejecutivo podría legalmente nombrar a los dos magistrados que por cuota le corresponen, aunque no aclaró si lo hará. Existe cierto debate jurídico sobre si el relevo de los cuatro miembros que están a punto de agotar su mandato debe producirse o no en bloque, precisamente porque la Constitución habla de renovación por tercios.

Algunos sostienen que el planteamiento del Gobierno no es viable. Otros alegan que cuando se constituyó el Constitucional, en 1980, el Gobierno designó a sus dos magistrados (que, en realidad fueron pactados por la UCD y el PSOE junto a los ocho nombres que debían nombrar Congreso y Senado) sin que estuviera constituido aún el CGPJ.

El PP ha dado a entender que una vez pasen las elecciones andaluzas del 19 de junio comenzará la negociación. El hombre designado por Feijóo para la tarea, el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ya ha mantenido, junto a la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, reuniones preliminares con las asociaciones judiciales.

En el Consejo del Poder Judicial, sin embargo, cunde el desánimo. Han sido tantas las ocasiones en las que las citas electorales se han usado como excusa para posponer una renovación obligada por la Carta Magna que muchos no se fían. Ahora hay, en todo caso, una diferencia respecto a la última etapa de Pablo Casado y es que los populares han dejado de exigir como requisito previo -y sobrevenido- un cambio en el sistema de elección para que sean los jueces quienes elijan directamente a doce de sus veinte vocales.

El pesimismo se apoya también en que la renovación en el CGPJ y en el Tribunal Constitucional dará, si llega, un vuelco a las mayorías de ambos órganos, ahora dominados por los conservadores. En noviembre, cuando PP y PSOE alcanzaron en apenas 24 horas y contra todo pronóstico, un pacto para desbloquear los relevos en el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos ya acometieron también cambios en otro tercio en la institución garante de la Norma Fundamental que equilibraron algo las fuerzas (siete a cinco). Pero en este caso se volverían las tornas. El Poder Judical nombraría a un magistrado conservador y uno progresista. El Gobierno, a dos progresistas.

Con el actual Tribunal Constitucional, el Ejecutivo ha tenido que encajar relevantes varapalos; por ejemplo, en lo que se refiere a su gestión en la pandemia. Esta pasada semana, el pleno del TC anuló la reforma legal que dejó en manos de los Tribunales Superiores de Justicia el aval a las restricciones sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas. Es cierto, no obstante, que los magistrados nunca han votado en estos asuntos por bloques.

El exdiputado del PP Andrés Ollero, sin ir más lejos, votó a favor de la constitucionalidad del estado de alarma decretado en marzo de 2020 y también lo hizo el expresidente conservador Juan José González Rivas; en su caso, respaldó incluso el decreto que estuvo en vigor entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021