La supresión del delito de sedición deja libres a 22 inmigrantes que forzaron un aterrizaje en Palma

Los jueces baleares han seguido la petición expresa de la Fiscalía, única parte acusadora en este procedimiento y que, hasta ahora, reclamaba una condena de cinco años de cárcel por sedición para cada uno de los amotinados.

El Ministerio Público no cree que lo ocurrido en aquel 'avión patera' de Air Arabia Marroc pueda ser calificado de un delito de desórdenes públicos agravados (el ilícito que sustituye ahora en el Código Penal la sedición), se ha decidido por calificar los hechos como un delito de coacciones. Este ilícito está penado solamente con prisión de 6 meses a 3 años o pena de multa de 12 a 24 meses, por lo que no cabría ya la prisión preventiva de los acusados.

El auto de la Audiencia ordena al centro penitenciario de Palma la puesta en libertad automática de los 21 inmigrantes que fueron capturados en la isla. Eso sí hay varias cautelares: tendrán que comparecer cada lunes en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar Mallorca hasta el juicio.

Al último de los encausados, que fue arrestado ya en Barcelona, se le prohibe abandonar el territorio nacional. Tras abandonar la tarde de este martes la cárcel, los magrebíes fueron detenidos de nuevo durante unas horas para incoarles expediente administrativo de expulsión del país, que sería efectivo una vez termine la causa penal.

Los arrestados, según recogía el escrito originario de acusación, forzaron el aterrizaje en Son Sant Joan con una falsa alarma por un coma diabético de uno de los encausados. Luego, arrollaron a la tripulación y al personal de tierra para salir del aparato y se dispersaron por las pistas.

Las consecuencias de lo ocurrido, siempre según el originario escrito de acusación por sedición, fueron de una gravedad extrema. Para el Ministerio Público, estos pasajeros, de forma planificada, causaron una «situación sin precedentes en el espacio aéreo europeo».

El desvío de este vuelo entre Marruecos y Turquía para la entrada ilegal de parte de su pasaje en España puso en peligro la seguridad aérea, causó el desvío y retraso de unos 60 vuelos y obligó a cerrar esta instalación del aeropuerto de Palma durante casi cuatro horas. Esta situación, creen tanto la Fiscalía como los jueces palmesanos, no casa con el delito de desórdenes públicos agravados que propone como alternativa la reforma del Gobierno.