Mas defiende que no cometió ninguna ilegalidad el 9-N

Mas ha restado también importancia a la compra de 7.000 ordenadores para instalar en cada colegio y realizar el recuento de las papeletas, partida que supuso 2,8 millones de euros. El Supremo dejó claro en una sentencia de abril de 2017 que su adquisición fue uno de los signos que demuestra que la Generalitat impulsó y dirigió la votación del 9-N. El exmandatario autonómico ha afirmado antre el tribunal que los ordenadores eran para la Consejería de Educación y que, una vez comprados, se podían usar puntualmente para cualquier otra cosa. «El objeto de la compra no era para la consulta sino para mejorar el sistema educativo catalán», ha defendido.

Al salir de la sala, el líder de la antigua Convèrgencia ha atribuido el procedimiento iniciado ahora a «una venganza personal» que justificó recordando las palabras de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría relativas a que la consulta la pagarían ellos y sus familias. Mas ha asegurado que «no hubo ni un sólo euro de malversación de fondos públicos» y ha lamentado ante los medios que «nos quieren inhabilitados y arruinados».

Aunque se ha mostrado confiado en ser exonerado de esta vía civil, el expresidente catalán ha advertido de que si no «llegarán hasta el final con los recursos jurídicos». Mas se juega perder la fianza solidaria de 5,25 millones de euros que tuvo que abonar junto a los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, y cinco antiguos altos cargos de la Generalitat. La cifra responde a los gastos que supuso la organización de la consulta, que se sitúa en unos 4,9 millones de euros, a lo que se añaden los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de fijación de la fianza. El Tribunal de Cuentas ordenó entonces el embargo de diversos inmuebles a los acusados. En el caso de Mas se le embargó su vivienda familiar en Barcelona.