Correa pide al Supremo anular su condena por las escuchas ilegales de Garzón

El pasado 7 de julio, su abogado, el penalista valenciano Juan Carlos Navarro, presentó un detallado recurso ante el Tribunal Supremo contra la citada sentencia condenatoria. En total 255 páginas en la que desarrolla 14 motivos de casación para lograr la anulación del fallo de instancia o, al menos, reducir la pena de prisión de su cliente con la aplicación de atenuantes.

El letrado ha alegado ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo las vulneraciones del derecho de defensa o de intimidad por las grabaciones “subrepticias” que realizó el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas desde 2007 y que fueron el origen de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. También la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la inviolabilidad del domicilio o la indefensión generada por vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías.

En este último motivo la defensa de Correa ha puesto mucho énfasis en su recurso, al que ha tenido acceso este periódico. Parte de la base de que las escuchas a detenidos con sus abogados en prisión, ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre febrero y abril de 2009, “provocaron la contaminación de toda la causa porque, pese a ser anuladas y excluidas, los investigadores conocían su contenido y eso debió llevarles también a ser apartados del caso”.

Pese a la nulidad de esas escuchas, que le acabaron costando la carrera judicial a Garzón, inhabilitado por un delito de prevaricación, el abogado de Correa expone que los agentes de la UDEF "que han dirigido la instrucción", y cuyos informes han servido para "fundamentar la sentencia que ahora se recurre", eran conocedores de su contenido, por lo que actuaron “con ventaja". "Una vez que la policía, el juez instructor y el fiscal del caso oyen las conversaciones (...) la exclusión de las mismas de la causa solo evitan su utilización como prueba", pero no la adopción de ciertas líneas de investigación, añade el recurso del líder de la 'Gürtel'.

En su opinión, también "se debería de haber apartado a los funcionarios actuantes y conocedores de la estrategia de defensa, quiénes hasta el plenario han tenido un papel activo: véase, impulsando el procedimiento, elaborando los informes de inteligencia, o seleccionando los documentos".

Sobre las escuchas del denunciante, la defensa de Correa asegura que hubo una "brutal falta de proporcionalidad" porque supusieron un nivel de injerencia "indiscriminado e invasivo" que difícilmente respetaron "todas las exigencias constitucionales", y destaca que "solo la autoridad judicial competente puede autorizar el sacrificio del derecho a la intimidad".

Para pedir la nulidad de la sentencia condenatoria o la aplicación de atenuantes, resalta también las dilaciones indebidas, que achaca fundamentalmente a la Policía o a errores detectados en las actas de los registros practicados al estallar el caso en febrero de 2009. A este respecto denuncia una ruptura en la cadena de custodia, que la sentencia recurrida resolvió mencionando que hubo "más de 17 registros en 24 horas".

Este argumento también se emplea para justificar que se excediera el plazo de detención de Correa más allá de las 72 horas y que la defensa califica de detención "inconstitucional", recordando el caso de Gao Ping, mecenas chino acusado por liderar una red de blanqueo de capitales, que por ese mismo motivo tuvo que ser excarcelado.

En cuanto a las penas impuestas, el abogado cree que la sentencia no acredita su afirmación de que Correa actuaba como "rector" de una asociación ilícita y critica que delitos como el de tráfico de influencias no hayan absorbido otros como el de cohecho. Ello supone, a su juicio, una "pena y repena" llegando a "sancionar inconstitucionalmente varias veces por la misma conducta".