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Cristian reino
Barcelona
Miércoles, 15 de abril 2020, 11:24
Tres de los nueve presos del 'procés', Jordi Cuixart, Jordi Turull y Josep Rull, han abandonado esta mañana de prisión para reincorporarse a los puestos de trabajo que les permitieron acogerse a los permisos de salida antes de la crisis de la pandemia. El ... presidente de Ómnium Cultural, con mascarilla y guantes de goma, ha acudido a la empresa de la que es propietario en Santa Perpetua de la Mogoda, en Barcelona. Turull ha sido contratado en un despacho de abogados en Terrassa (Barcelona) y Rull en la Mutua de Terrassa. Quim Forn también tiene la autorización para salir de prisión para ir a trabajar y se prevé que lo haga en los próximos días, en este caso en la empresa Mediapro, de Jaume Roures.
Por lo que respecta a Oriol Junqueras y Raül Romeva, también cuentan con el visto bueno de la Consejería de Justicia para poder salir de prisión, pero ambos se quedarán en la cárcel. El exvicepresidente de la Generalitat, porque la Universidad de Vic donde fue contratado está cerrada y en el caso de exconsejero de Exteriores porque ha decidido permanecer en el penal y pasar el confinamiento. Jordi Sànchez, Carme Forcadell y Dolors Bassa, mientras, no tienen el visto bueno para salir en virtud del 100.2 porque sus permisos de salida eran para hacer labores de voluntariado y cuidar familiares pero no para trabajar.
La Consejería de Justicia autorizó ayer a los presos clasificados en tercer grado y a los presos en segundo grado a los que se les aplica el artículo 100.2 del régimen penitenciario, como es el caso de los presos del 'procés', reincorporarse a sus puestos de trabajo a partir de hoy, teniendo en cuenta el fin de la hibernación empresarial. La autorización para salir a trabajar, según el Departamento de Justicia del Govern, es para los reos que están confinados en su casa durante el estado de alarma y para los que han permanecido en los centros penitenciarios, como los dirigentes secesionistas condenados a penas de nueve a trece años de cárcel por sedición.
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Justicia solicitó que los presos con el 100.2 pudieran confinarse en sus casas durante la crisis de la pandemia y durante el estado de alarma por el riesgo a los contagios con otros internos. Sin embargo, las juntas de tratamiento de las prisiones catalanes denegaron este permiso al 85% de los presos bajo este régimen penitenciario, incluidos los nueve dirigentes nacionalistas. La decisión llegó después de que el Supremo advirtiera a los funcionarios de que podrían incurrir en un delito de prevaricación si autorizaban lo que la Consejería de Justicia estaba reclamando.
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