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La coalición en Madrid no goza de buena salud. La desescalada en la región ha vuelto a enfrentar al Gobierno entre PP y Ciudadanos, que cohabita por obligación y apenas disimula sus malas relaciones. Nadie dijo que su matrimonio fuera fácil. Los choques internos, ... evidenciados en público, se han vuelto una constante entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado. Este miércoles ambos volvían a discrepar sobre la idoneidad de avanzar a la fase 1 del desconfinamiento, que el Gobierno ha echado este viernes por tierra.
El líder de Ciudadanos en Madrid defendía que la Comunidad, que lidera el número de contagios y de muertes por coronavirus, ya estaba preparada para dar el paso y Díaz Ayuso no lo veía tan claro. Con el número de camas ocupadas en las UCI por encima de lo habitual -610 frente a 400-, la presidenta madrileña se mostraba reacia en un primer momento a iniciar tan pronto las medidas de alivio y aseguraba «no tener prisa para hacer nada». Pero Aguado ganó el pulso y el departamento que dirige Salvador Illa recibió la solicitud formal de la Comunidad de Madrid, que ayer echó por tierra. «No podemos esperar más tiempo para abrir y para que recuperemos la normalidad», aseveró el vicepresidente autonómico.
Desde el inicio de su relación, el líder naranja ha tratado de marcar un acento político propio, una actitud que ha intensificado en los últimos días. En una entrevista en Libertad Digital, Aguado se apresuró a plantear que se contemplase ya una apertura «urgente» de los colegios, sin esperar a septiembre, y en varias declaraciones públicas, insistió en pactar con el PSOE madrileño, que lidera Ángel Gabilondo, algunas medidas económicas y sociales para afrontar la crisis económica del coronavirus. «Si no somos capaces de sentarnos ahora en una mesa, cuándo lo vamos a hacer», insistió en la Ser.
El PP recela de esos llamamientos al acuerdo con Gabilondo porque no termina de fiarse de su socio. La formación de Pablo Casado defiende que la Comunidad de Madrid no necesita un acuerdo con el PSOE sino «bajar impuestos, ayudar a los autónomos y a las clases medias y bajas con más libertad y con más empleo». «Y eso es justo la dirección contraria», zanjó Díaz Ayuso.
La prueba más clara del pulso que mantienen los socios en el Ejecutivo madrileño se produjo el pasado 26 de marzo cuando la presidenta decidió retirarle las competencias de los geriátricos al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, para transferírselas al de Sanidad, del PP. Mientras el entorno de Díaz Ayuso lo achacaba al «descontento» por la mala gestión de Reyero, en el partido liberal reconocían que las discrepancias entre ambos venían de lejos. Según explicaron, el consejero trasladó en varias ocasiones el caos que reinaba en las residencias, lo que ocasionó un choque con la presidenta.
«Yo no quiero mirar hacia otro lado», aseguró entonces Díaz Ayuso, que puso sobre la mesa el cese tanto de directivos de estos centros como de consejeros de su Ejecutivo, en el caso de que llegase a demostrarse que ha habido «negligencias». Un extremo que descartó Aguado al recordar que en el acuerdo de gobierno firmado el pasado agosto, esa decisión estaría en sus manos y no en las de la dirigente popular.
La relación entre los socios se agrietó también por los desplantes de Ayuso a las peticiones de su vicepresidente, como que los niños menores de 14 años salieran a pasear –una propuesta que también lanzó Casado–y por el masificado acto de clausura en Ifema. Desde la formación naranja culpan a la mandataria autonómica de la mala gestión de aquel acto al que acudieron más de un millar de personas y no se respetaron las medidas de distanciamiento social impuestas para evitar contagios. «A mí no me gustó, no me gustó nada», reconoció Aguado, que, al igual que Díaz Ayuso, pidió perdón.
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