«Hoy finalmente he sido exonerada de toda responsabilidad en la investigación llevada a cabo por el fiscal suizo durante tres años. Mi inocencia era evidente desde el principio. Este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña ... continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles».
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Corinna Larsen ha respondido de esta manera al anuncio de la Justicia suiza del cierre de la investigación por blanqueo de capitales. Tras tres años de pesquisas penales, la consultora danesa respira tranquila porque, primero en la Audiencia Nacional española y ahora en la Fiscalía de Ginebra, los procedimientos abiertos contra ella han sido archivados.
No existen incidios de que hiciera de testaferro del dinero no declarado de don Juan Carlos; de los 65 millones de euros que éste le transfirió en abril de 2012 tras liquidar la fundación panameña que administraba. O del origen sospechoso de los 100 millones de dólares que el rey emérito recibió cuatro años antes, en 2008, como «regalo» de su hermano saudí, el rey Abdalá.
Sin embargo, el camino procesal para Larsen, de 56 años y con dos hijos mayores de edad, no acaba en Suiza. Todo su empeñó está puesto ahora en Londres, donde el Tribunal Superior de Justicia tramita la demanda civil por acoso y difamación que puso contra don Juan Carlos. «Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes», reza el comunicado que ha mandado este lunes y en el que hace referencia a esta demanda.
En su escrito, Larsen detalla una supuesta operación de espionaje que habría llevada a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Londres contra la empresaria danesa y su entorno hasta noviembre de 2020, un mes antes de presentar la acción civil por daños y perjuicios, cuyas cuestiones preliminares se han celebrado la pasada semana.
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El escrito del despacho Blake Morgan recoge varios episodios de «vigilancia exhaustiva», allanamiento de morada e interceptación ilegal de teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico, que se atribuyen a agentes del CNI o «mercenarios» contratados por la agencia española bajo la dirección de Félix Sanz Roldán y de su sustituta, Paz Esteban. Todo ello se habría realizado «con la dirección o el consentimiento» de don Juan Carlos.
Estos hechos se habrían desarrollado entre 2015 y 2020 y la supuesta víctima los puso en conocimiento de la Policía inglesa en al menos cinco ocasiones, a través de las pertinentes denuncias, y por carta ante los servicios de seguridad internos, más conocido como MI5, y los de inteligencia, el MI6.
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La misiva de sus abogados fue remitida en agosto de 2019 e incluyó, además, diversos actos sufridos supuestamente por su asesor James Watt. En el texto se reclamó la intervención de ambos organismos para detener las «actividades de continua hostilidad» del CNI en Reino Unido, pero a priori no tuvieron un efecto inmediato.
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