El Constitucional no suspende la DUI y da tres días a la Fiscalía para que se pronuncie

La decisión ha sido adoptada por tres magistrados del tribunal de garantías, que son los integran una sección de Sala del Tribunal Constitucional.

Los magistrados han desestimado también la medida cautelarísima en lo referente a la suspensión de la celebración del Pleno del Parlamento catalán por "carecer sobrevenidamente de objeto", ya que a la hora de resolverse esta cuestión el Pleno ya había concluido.

En cuanto a la petición de suspensión cautelar de los eventuales efectos que pudieran tener los acuerdos recurridos, el Tribunal acuerda abrir una pieza separada y concede al fiscal y demás partes personadas un plazo de tres días para que se pronuncien.

La suspensión cautelar había sido solicitada mientras el TC resuelve sobre el fondo y analiza si el acuerdo de los parlamentarios se declara nulo por inconstitucional, algo que previsiblemente terminará ocurriendo al entenderse que una votación sobre este tema "carece de cualquier valor ni efecto", según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

Los magistrados que integraban esta sección se han reunido pese a estar todos ellos presentes desde ayer en Sevilla con ocasión del I encuentro de los tribunales constitucionales de España, Italia y Portugal y del Consejo constitucional de Francia.

La propuesta de la Mesa que se ha debatido en el Parlament, según señalaba el PSC en su recurso "vulnera prácticamente todo el título preliminar de la Constitución: el principio democrático, el Estado de Derecho y el sometimiento de ciudadanos y poderes públicos" a la ley, y es radicalmente incompatible con el Estatut.

"Supone un nuevo intento de derogar la Constitución y el Estatut" y significa la ruptura total con el ordenamiento jurídico, defienden los socialistas catalanes, que recuerdan que la mayoría independentista de la cámara lleva mucho tiempo vulnerando los derechos de la oposición.

Recuerdan también que el Pleno que el 6 y 7 de septiembre aprobó la Ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, suspendida y la primera incluso ya declarada inconstitucional por el tribunal de garantías y a las que el Govern se acogió para organizar un referéndum el 1 de octubre.

También explican que tanto el presidente del Govern como los miembros de la Mesa del Parlament han sido avisados en varias ocasiones tanto por el Gobierno central como por el TC de que no debían impulsar iniciativas inconstitucionales como una declaración de independencia.

Por todo ello, en su petición de amparo el PSC pedían que se declarara nula la tramitación y "cualquier acción posterior relacionada con la misma, y en particular de que no procede una declaración formal de independencia de Catalunya ni cualquier iniciativa análoga".