El Constitucional declara ilegal el cierre del Congreso durante la pandemia

La corte de garantías concluyó hoy que la Mesa del Congreso vulneró el «derecho fundamental de participación política» de los diputados (artículo 23 de la Constitución). La decisión de paralizar el calendario contó en su día con los votos favorables de los representantes en el órgano de gobierno parlamentario del PSOE y Unidas Podemos y el rechazo del PP y Vox. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, declaró entonces que el «Congreso no se cierra», aunque la actividad en el palacio de la carrera de San Jerónimo en aquellos primeros días de la pandemia desapareció. Un día antes, el 18 de marzo del año pasado, se había celebrado un pleno restringido -acudieron una treintena de diputados- en el que Pedro Sánchez expuso las razones para declarar el estado de alarma. Logró el apoyo unánime de la Cámara.

El Constitucional asestó con esta resolución el segundo varapalo a la estrategia jurídica del Gobierno ante la pandemia. El primero fue el 14 de julio con la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma.

La decisión de la corte, que también anuló el acuerdo de la Mesa del 21 de abril de 2020 por el que desestimó la solicitud de reconsideración planteada por Vox, estuvo lejos de ser unánime. Contó con seis votos a favor y cuatro en contra después de una tramitación accidentada. El ponente, el magistrado Antonio Narváez, se había mostrado en un primer informe partidario de desestimar el recurso de Vox. Pero en el debate celebrado en septiembre se registró un empate a cinco. Una igualdad que debía romperse a favor del rechazo por el voto de calidad del presidente del tribunal, Juan José González Rivas, también contrario al recurso. Pero Narváez, alineado en el bloque conservador, cambió el sentido de su voto en el último momento y retiró su informe para redactar otro.

La nueva ponencia, ya en sentido favorable a aceptar el recurso, se debatió y votó en el pleno de hoy. Tres magistrados del sector progresista, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, se opusieron y presentarán votos particulares a la sentencia para argumentar su desacuerdo. Lo mismo hará el presidente del tribunal.

La presidenta del Congreso acató, respetó y mostró su desacuerdo. Batet insistió en que la Cámara «nunca se cerró». El registro, recordó, estuvo abierto para la presentación telemática de iniciativas y la congelación de los plazos para tramitar asuntos se limitó a 18 días laborables porque se levantó el 13 de abril. En marzo, prosiguió, se celebraron dos plenos; en abril, cuatro; en mayo, otros cuatro; en junio, nueve; y en julio, seis. Las comisiones se reunieron ochenta veces.

Batet, que apuntó que Vox también solicitó la suspensión de la actividad tras el positivo por covid de uno de sus diputados, explicó que medidas similares a las del Congreso se adoptaron en otras instituciones, entre ellas el propio Tribunal Constitucional.

La formación ultraderechista celebró la decisión como una nueva victoria política que suma a la del estado de alarma. Santiago Abascal señaló que PSOE y Podemos «amordazaron a la oposición y solo Vox llevó a los tribunales este atropello a la democracia». La diputada Macarena Olona reclamó la dimisión de Batet por el «golpe de Estado institucional». Además envió un mensaje de «apoyo y cariño» a los miembros del Constitucional en «tiempos difíciles para la justicia».