El Consejo de Europa saca los colores al Gobierno por su reforma para desbloquear el CGPJ

En una carta remitida por el presidente del GRECO al Ministerio de Justicia el pasado 14 de octubre, la institución formada por 47 estados expone con dureza sus dudas sobre la propuesta legislativa para modificar las mayorías en el nombramiento de los vocales del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces españoles.

El magistrado del Tribunal Supremo croata Marin Mrcêla, máximo responsable del órgano del Consejo de Europa, recuerda que España ya ha sido advertida por la nominación de los miembros del Consejo por parte del Parlamento y la necesidad de modificar la ley para que sean los jueces quienes los elijan (al menos 12 de los 20 vocales, los de procedencia judicial).

Asimismo, ha avanzado que el GRECO tratará la reforma promovida por el Gobierno en su próximo pleno, del 26 al 30 de octubre, y ha recordado que desde hace siete años se viene recomendando a los diferentes ejecutivos españoles la aplicación de estas medidas para dotar al gobierno de los jueces de una verdadera independencia.

Añade el GRECO que los consejos del Poder Judicial en los Estados miembros donde existan «deben ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales», lo que, a su vez, es una condición 'sine qua non' para una lucha eficaz contra la corrupción. Los estándares aceptables, añade el Consejo de Europa, deben pasar por «disponer que al menos la mitad de los miembros del consejo sean jueces elegidos por sus pares de todos niveles del poder judicial».

Dichas recomendaciones pasaban por evaluar del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de su efectos sobre la independencia real y percibida de este organismo de cualquier influencia indebida, «con el fin de para remediar las deficiencias identificadas» por el órgano europeo.

Las reacciones en el Gobierno no se hicieron esperar y desde el Ministerio de Justicia se anunció que responderá de forma «inmediata» al presidente Mrcêla para aclarar lo que considera «inexactitudes» en la información de que dispone.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, también salió a la palestra y aseguró que la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo «tiene como objetivo cumplir y hacer cumplir» con la Constitución y evitar que «se perpetúe el bloqueo que el PP ejerce». «El mandato del CGPJ es también un mandato constitucional y el que no se esté cumpliendo implica que no se está cumpliendo con la Constitución», dijo González Laya, que añadió que no hay lugar a la preocupación de GRECO ni de ningún organismo: «España respeta el Estado de derecho en la letra y en su espíritu», tal como ha acreditado la Comisión Europea en su examen al sistema judicial.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, calificó de «sonrojante» el aviso del Consejo de Europa. «Basta de que España sea noticia por vulnerar la democracia», señaló.