El Consejo de Estado criticó la relajación de controles sobre los fondos europeos

La iniciativa gubernamental, debatida en la Cámara baja pocos días antes del inicio de la campaña para las elecciones catalanas, estuvo a punto de no salir adelante y finalmente lo hizo solo gracias a la abstención de Vox. El Ejecutivo, además, tuvo que aceptar su tramitación como proyecto de ley para contar con el apoyo de algunos de sus socios habituales que, en el caso del PNV, votaron favorablemente a regañadientes. No fueron solo los populares ni el partido de Inés Arrimadas los que denunciaron sus puntos negros o la opacidad del modelo diseñado en la Moncloa.

El Gobierno siempre ha defendido que su objetivo era acometer una reforma de la administración que permitiera agilizar trámites para que sea posible absorber la ingente cantidad de dinero que España recibirá de la Unión Europea en los próximos seis años. Es un propósito ampliamente compartido porque España es el país con la tasa de absorción más baja de la UE. Hasta el final de 2020 solo había ejecutado el 43% de los fondos europeos estructurales y de inversión adjudicados, según datos comunitarios.

Lo cuestionado, sobre todo, por el principal partido de la oposición, por Ciudadanos y, pese a su abstención, también por Vox fue la fórmula elegida para tratar de hacer frente a ese problema. Una fórmula que centraliza las decisiones en Consejo de Ministros y que, a su juicio, abre la puerta a la corrupción.

El Consejo de Estado admite que, como argumentó el Ejecutivo, España se encuentra ante una «oportunidad histórica» gracias a la inyección prevista de 140.000 millones de euros, pero en su informe, emitido el pasado 21 de diciembre, advierte de que para que la operación sea «un éxito», no se puede solo poner el acento en medidas de flexibilización, sino «también en el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos».

En última instancia, el principal órgano asesor del Gobierno dio, en todo caso, el visto bueno a la aprobación del real decreto ley siempre que se atendieran sus recomendaciones y apuntó que el proyecto merecía en su conjunto una «opinión favorable». El Ejecutivo esgrime que, a pesar de que no estaba obligado a hacerlo, porque el dictamen no era ni vinculante ni preceptivo, sí incorporó «numerosas aportaciones» del Consejo de Estado en el texto que remitió al Congreso. En concreto, fuentes de la Moncloa, se refieren a la petición de que se regularan con mayor precisión los informes preceptivos en materia de subvenciones, convenios administrativos y a la de que se mantuvieran algunos mecanismos concretos de fiscalización previa.

Las mismas fuentes destacan también que el Consejo de Estado dejó claro que no encontraba «problema alguno» en las estructuras de gobernanza de los fondos creadas por el real decreto. El PP, en cambio, se siente refrendado en sus críticas y en su decisión de no apoyar el real decreto, una actitud que le ha valido los continuos reproches y acusaciones de falta de sentido de Estado desde el Ejecutivo. A su juicio, el dictamen conocido este lunes demuestra la «discrecionalidad, falta de rigor jurídico y la ausencia de controles administrativos por parte del Gobierno».