El Congreso da luz verde al traslado de los restos de Franco a un lugar desconocido

El Gobierno y el PSOE quisieron dar la máxima solemnidad al trámite parlamentario. La vicepresidenta Carmen Calvo defendió el texto y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, expuso la postura de su grupo. El presidente del Gobierno no intervino porque no es diputado, pero escribió un inflamado mensaje en Twitter: «Justicia. Memoria. Dignidad. Hoy nuestra democracia es mejor». Era una forma de alejar el foco del revuelo creado en torno a su tesis doctoral.

El decreto se tramitará como un proyecto de ley para que los grupos hagan sus aportaciones a la reforma de la Ley de Memoria Histórica y ahí saltarán chispas porque las pretensiones de algunos tienen difícil encaje legal. La anulación de las sentencias impuestas por los tribunales franquistas, por ejemplo, es desaconsejada por numerosos juristas y en el Gobierno hay muchas dudas sobre su incorporación a la ley. Calvo, sin embargo, se comprometió con Esquerra Republicana a que el PSOE apoyará las enmiendas en ese sentido para incorporarlas a la norma.

Otra manzana de la discordia será el destino del Valle de los Caídos, construido por orden de Franco en el valle de Cuelgamuros en San Lorenzo de El Escorial entre 1940 y 1958. Aunque los socialistas abogaban por crear un museo de la memoria y la reconciliación, Sánchez rechazó la idea porque ese proyecto tiene que estar fuera de un conjunto monumental franquista. El presidente pretende que sea un cementerio civil, pero Podemos y otras fuerzas insisten en el centro de la memoria. La constitución de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la represión en la dictadura, la financiación pública de las exhumaciones de más de 120.000 personas enterradas en fosas comunes y la voladura de la gigantesca cruz serán otros puntos calientes. Todo ello se dilucidará en la tramitación del proyecto.

En el debate de hoy nadie se opuso al traslado, salvo dos diputados populares que votaron en contra, dijeron que por error. También un grupo de seis incondicionales de Movimiento por España se concentró frente al Congreso para mostrar su rechazo con pancartas con lemas como «El Valle no se toca y Franco tampoco» o «Sánchez ¡Desokupa! Deja a Franco en paz». PP y Ciudadanos no se opusieron, pero evitaron entrar en el fondo del asunto y atacaron las formas, un decreto ley, un instrumento legal para casos de urgencia. Ambos no vieron la urgencia para desenterrar a alguien que lleva 43 años bajo una losa de tonelada y media en la cripta de la basílica que regentan los monjes benedictinos. «Una cortina de humo», dijo el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Su abstención fue criticada con aspereza por el resto de los grupos porque consideraban que la ocasión merecía la unanimidad del Congreso. El PSOE puso especial énfasis en resaltar el cambio de postura de Ciudadanos, que hace un año votó a favor de la exhumación. Un giro que la portavoz socialista atribuyó a la «lucha fratricida» que libra con el PP para captar votos de «la extrema derecha».

Pero no solo populares y liberales se llevaron las críticas porque buena parte de los grupos reprocharon al Gobierno socialista que haya sido poco ambicioso en la reforma de la Ley de Memoria Histórica. El decreto ley convalidado hoy consta de un solo artículo que justifica que el dictador no pueda estar en el Valle de los Caídos porque no es una víctima de la Guerra Civil. «Es una atroz anomalía histórica», afirmó la vicepresidenta.

Entretanto, se mantiene la incógnita sobre el destino del dictador. El Gobierno ya ha comunicado a los siete nietos de Franco que tiene quince días para informar si se hacen cargo de los restos y a qué lugar quieren trasladar «la momia», como dijo Francis Franco. El Arzobispado de Madrid actúa de mediador para llegar a un acuerdo en medio de un clima tenso entre las partes porque la familia insiste en que se querellará contra el Gobierno si mueve el ataúd.