El Congreso apuntala el fin de la sedición con el interrogante de la malversación

Los populares, que proponían mantener el delito de sedición y castigar con hasta cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que convoquen elecciones o consultas populares ilegales por vía de referéndum, aprovecharon el debate parlamentario para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «ir en contra de la Constitución». «El delito de sedición solo es un problema para quienes han sido condenados por cometerlo», apuntaba el diputado Carlos García Rojas tras asegurar que «todas las políticas del Ejecutivo en Cataluña han ido encaminadas a deshacer uno por uno los instrumentos que pararon el golpe del independentismo en 2017».

Con igual dureza se pronunció el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, quien ligó de forma directa el hecho de encontrarse hoy debatiendo tal proposición de ley con lo que, a su juicio, supone una contrapartida del Ejecutivo a ERC por el apoyo de los republicanos a los Presupuestos. «Existe un pacto para minar todos los mecanismos constitucionales y de defensa que tiene España», apuntaba el dirigente de los de Santiago Abascal. La enmienda a la totalidad que Vox llevó al hemiciclo proponía penas de hasta veinte años de cárcel a las autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, promuevan la independencia de una parte de la nación.

Ciudadanos, por su parte, defendía con su enmienda que los plazos de prescripción no corran para este tipo de delitos. Su presidenta, Inés Arrimadas, acusó durante su turno de palabra al Gobierno de «ponerse de lado de los golpistas y dejar de lado a los constitucionalistas», colocándose así en «el lado incorrecto de la historia». «Los distintos gobiernos no nos han protegido estos años del independentismo, pero es que ahora mismo es el propio Ejecutivo quien nos está atacando», denunciaba la dirigente liberal.

La mayoría del hemiciclo también rechazó la enmienda presentada por Junts, que proponía la supresión por completo de la sedición pero sin reemplazarlo por ningún otro tipo. También proponía lo mismo y fue rechazada la de la CUP –aunque los anticapitalistas proponían en su enmienda derogar a su vez la ley mordaza–. La proposición de ley para poner punto y final al delito de sedición en nuestro Código Penal pasará ahora al trámite de las enmiendas parciales, las cuales podrán ser registradas hasta el próximo viernes. Es previsible que en este punto ERC aproveche para reavivar el debate sobre el delito de malversación, el otro por el que fueron condenados los líderes del independentistas –entre los que se encuentra su presidente Oriol Junqueras–. PSOE, UP y los propios republicanos evitaron hoy referirse a una posible reforma de tal delito.

Tras las enmiendas parciales, se espera que la modificación legal respecto a la sedición pueda pasar a su debate y aprobación por el pleno del Congreso en la semana del 19 de diciembre para su remisión al Senado, donde es posible que se culmine la tramitación de este cambio del Código Penal antes de que termine 2022.

-.