El Congreso responde hoy al intento de Ciudadanos de bloquear el nuevo permiso de paternidad

Fuentes parlamentarias avanzan que la respuesta que los letrados ofrecerán el jueves en una nueva reunión no satisfará al partido de Albert Rivera. El representante de Ciudadanos en el órgano de gobierno del Congreso, Ignacio Prendes, argumentó que es probable que el real decreto ley no sea constitucional porque ya en su artículo primero explicita que modifica la ley orgánica 3/2007 (la ley de igualdad impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) y la Carta Magna establece claramente que la materia reservada a ley orgánica está vedada a ese instrumento legislativo del que dispone el Gobierno para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Pero el asunto no es tan simple.

La ley de igualdad se tramitó como ley orgánica porque contenía preceptos que, conforme a la Constitución, no pueden ser regulados por una ley ordinaria y merecen un procedimiento especial de aprobación por mayoría absoluta -en esa categoría entran el desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, los estatutos de autonomía, el régimen electoral general o los órganos constitucionales como la Corona, el Gobierno, el Congreso y el Senado, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional-, pero no todo el contenido de aquella norma es acreedora de esa suerte de blindaje.

El portavoz adjunto del PSOE, Rafael Simancas, advirtió que, en concreto, los artículos que cambia el decreto ley no son propios de ley orgánica y afirmó que Prendes era perfectamente consciente de ello cuando, tras la reunión de la Mesa celebrada este miércoles por la mañana, puso en duda los métodos del Gobierno. Fuentes de Podemos, del PP y de los servicios jurídicos de la Cámara coinciden en que el asunto fue subrayado por los letrados en el encuentro y explican que, a pesar de todo, el vicepresidente primero de la Mesa insistió en solicitar el informe, petición atendida por la presidenta, la popular Ana Pastor.

Simancas denunció que, en su labor de oposición, Ciudadanos y PP están «rayando el delito de prevaricación» y sostuvo que tanto los artículos 78 y 86 de la Constitución como el 151 del Reglamento del Congreso dejan «clarísimo» que los reales decretos leyes se tienen que someter sí o sí a la convalidación del Congreso y que no es posible que la Mesa lo impida. Ciudadanos aduce que la Mesa tiene una función de control técnico jurídico que no puede obviar.

Al margen de este asunto, los decretos leyes de Sánchez -que el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional por no responder, a su juicio, a los criterios de «extraordinaria y urgente necesidad»- pueden seguir generando controversia hasta la campaña electoral y más allá. La Mesa recibió hoy otro informe de los letrados para explicar qué habría que hacer en caso de que los grupos pidieran su tramitación posterior como proyectos de ley para que puedan ser enmendados. Y la respuesta fue que se puede abrir un procedimiento inédito de lectura única, lo que implica plazos abreviados, que puede prologarse hasta el día anterior a la constitución de las nuevas Cortes, el 21 de mayo.

Nunca se ha dado el caso de que, con las Cámaras disueltas por la convocatoria de elecciones, se decida tramitar como proyecto de ley un decreto ley convalidado. Primero, porque ningún otro Gobierno (con la excepción del primero de José María Aznar y una única vez) había remitido a la Diputación Permanente decretos ley de carácter político como los de Sánchez, pero también porque se entendía que no había tiempo material. Ahora, la interpretación de los letrados abre un escenario nuevo que puede explorarse o no.