La confesión de los acusados en el juicio de 'Gürtel' debilita al PP

«El PP se benefició de algunas de estas operaciones consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido (…) Todo ello ha generado, en el ámbito de esta pieza, unos beneficios indebidos para el partido que ascienden a 204.198,54 euros», rezaba el auto que cerraba la investigación y sostiene también la Fiscalía Anticorrupción en su escrito provisional de acusación.

Visto el panorama acusatorio y el protagonismo de los arrepentidos, el abogado del PP en la causa, Jesús Santos, mantuvo ayer un perfil bajo durante su intervención en las cuestiones previas. Si en el primer juicio, el de los contratos irregulares de Pozuelo y Majadahonda, donde la formación fue condenada en firme por hechos similares -pagó 255.000 euros-, el letrado se afanó en resaltar que su cliente era víctima de sus altos cargos y negó la existencia de una contabilidad paralela, este martes solo hizo mención a cuestiones de salud laboral.

Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional, pidió al tribunal que «como medida organizativa» le «permita la asistencia por medios telemáticos» al resto de jornadas, en el marco de la ley de medidas procesales para hacer frente a la covid-19. Y sobre los escritos de confesión, nada de nada, como si hubiera tirado la toalla de antemano.

Y es que los 24 encausados, un total de 17 han presentado escritos reconociendo los hechos o mostrando su conformidad con el escrito de acusación provisional. Destacan los de Francisco Correa, su número dos Pablo Crespo, el exdiputado autonómico del PP Alfonso Bosch o el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido por la trama como 'el Albondiguilla'.

Durante esta primera sesión, muchos de los abogados renunciaron a la presentación de cuestiones previas refiriéndose a los escritos de conformidad. Este fue el caso de Martín Morales, Alfonso Bosch, el constructor leonés José Luis Ulibarri, la administradora del Grupo Correa, Isabel Jordán, el contable José Luis Izquierdo o el constructor Alfonso García-Pozuelo, el primero en admitir los hechos imputados por la Fiscalía en 2016.

Respecto a las empresas acusadas como pesona jurídica, el letrado que representa a la mercantil Hator Consulting, Francisco José Fernández-Cruz, denunció en una comparecencia ante los medios la precariedad del turno de oficio tras detallar que únicamente ha cobrado 10.000 euros por siete años de trabajo.

El letrado de la constructora UFC, por su parte, fue el único en plantear cuestiones previas. Tras la petición de cosa juzgada por parte de la defensa de Ulibarri, dueño de la mercantil y arrepentido, reclamó igualmente que las partes renuncien al interrogatorio del representante legal de la empresa.