Los condenados por la consulta del 9-N recurrirán la sentencia del Tribunal de Cuentas

La sala de justicia del Tribunal de Cuentas confirmó la semana pasada la condena al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a tres de sus exconsellers y a otras seis personas más por la organización de la consulta soberanista del 9N de 2014.

El tribunal informó el pasado 26 de julio de que había acordado no solo mantener las condenas impuestas al expresident y a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, sino aumentar hasta 4.946.788,16 euros la cifra a pagar por estos y otros seis condenados, 41.831,95 euros más de lo establecido por el fallo de noviembre de 2018.

En una rueda de prensa celebrada este mediodía en la que han participado varios de los condenados por el Tribunal de Cuentas, Artur Mas ha subrayado que, no sólo recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, sino que piensan «agotar todos los recursos posibles» ante lo consideran «una injusticia manifiesta».

Mas, que ya había dicho cuando conoció la sentencia del Tribunal de Cuentas que estudiarían la posibilidad de presentar un recurso, ha comparecido en los jardines del Palau Robert de Barcelona junto a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.

Mas ha lamentado que el mismo tribunal de cuentas que días atrás «exculpó a Ana Botella, la esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar», por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión en 2013, cuando era alcaldesa de Madrid, e ellos no sólo no les haya exculpado, sino que les haya condenado a «todo» lo que les «podía condenar», y encima les pida «más dinero».

Tanto Artur Mas como las dos exconselleras que estaban presentes en la rueda de prensa han insistido en agradecer a «las miles de personas» que les han ayudado« a pagar las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas a través de las aportaciones realizadas a la Caja de Solidaridad creada para los independentistas imputados en causas judiciales.

«Lo hecho hasta ahora es útil, sirve y mucho, nos ayuda a los perseguidos a que no perdamos nuestro patrimonio, los pisos en los que vivimos» pero también, ha añadido Mas, a pagar fianzas y otros tipos de multas. «Queremos pedir a los catalanes que sus aportaciones a la Caja de Solidaridad no se detengan, porque esta caja es uno de los mejores ejemplos, no el único, del sentido de unidad que hay en este país», ha explicado.

Mas ha considerado que «la gente no ha mirado partidos, ni carnés, ni siglas, ni las ideas de cada uno, sino que ha actuado de la forma más unitaria posible», antes de indicar sobre su situación personal que «aunque técnicamente no está levantado el embargo» que pesa sobre ellos, creen que «será levantado en las próximas semanas».

La exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha afirmado que quería dar «2,3 millones de gracias» a todas las personas que les han ayudado a pagar las sanciones y ha destacado que «dar la voz al pueblo nunca debería ser criminalizado». Irene Rigau ha extendido el agradecimiento «a los gestores» de la Caja de Solidaridad, que inicialmente fueron la ANC y Òmnium, pero que después ha sido la asociación específicamente creada para gestionar las ayudas.