Ponsatí se entregará a la Justicia escocesa en los próximos días

Entrevistada por la BBC de Escocia, Ponsatí, de 61 años, ha afirmado que «tras el referéndum, estaba claro que el Gobierno español y los altos niveles de la Judicatura estaban dispuestos a violar los derechos humanos para reprimir el liderazgo del referéndum y, obviamente, incluían al Gobierno. Estaba claro que, como miembro de ese Gobierno, hubiese ido a la cárcel si me hubiese quedado».

La exconsejera se traladó a Bruselas junto al expresidente, Carles Puigdemont, y posteriormente a Escocia, donde recuperó su posición en la Universidad en la que había sido profesora desde enero de 2016 y hasta su nombramiento en la Generalitat. Ponsatí había ejercido antes como profesora en universades americanas, como las de Toronto y San Diego, y finalmente en la de Georgetown.

Su contrato en la cátedra Príncipe de Asturias de esta universidad de Washinton fue rescindido por el Ministerio de Educación y Cultura por manifestar su apoyo a la independencia de Cataluña. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, confirmó que el cese se debió a sus posiciones políticas. Ponsatí es una economista especializada en teoría de juegos y economía política.

Su abogado, Aamer Anwar, ha representado ante los tribunales a personas y casos asociados a la izquierda política y fue el año pasado elegido rector de la Universidad de Glasgow en una votación de estudiantes y profesores. El papel del rector es la defensa de los intereses de alumnos y personal ante las autoridades universitarias.

Sally Mapstone, vicecanciller de St. Andrews, en la que se conocieron los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, ha expresado apoyo a Ponsatí. «Creemos que hay argumentos legítimos para afirmar que Clara es perseguida por defender sus creencias políticas. Eso es anatamena para nosotros y seguiremos ofreciéndole apoyo, respetando el proceso judicial», afirma en un comunicado.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ya manifestó el domingo que su Gobierno «respalda el derecho del pueblo catalán a decidir su destino y se opone con firmeza a la decisión del Gobierno español de perseguir la detención y el encarcelamiento de políticos que apoyan la independencia». Recordó al mismo tiempo que el proceso de extradición no contempla la interferencia política.

El abogado Anwar ha afirmado que las instrucciones de su defendida es que «se trata de una persecución política» y que «sufrirá un trato inhumano y degradante» por un «sistema judicial cuya independencia no puede garantizarse». Los jueces escoceses tendrán que decidir antes si los delitos de los que el juez Llarena acusa a Ponsatí lo son también en Escocia. El de sedición fue abolido 2011 y el de rebelión solo es comparable con el de traición, que define actos de violencia contra la corona.