PP y Ciudadanos, obligados a colaborar en el Congreso

Forzar un pleno, exigir la intervención de los miembros del Gobierno en el hemiciclo y en comisión o lograr la convocatoria de la Diputación Permanente en periodos extraordinarios son tareas para las que se precisan más escaños de los que ahora tienen por separado PP y Ciudadanos. Los artículos 54, 203 y 56 de la normativa interna del Congreso fijan como requisitos para estos casos la coincidencia de dos grupos o el consenso de una quinta parte de los diputados. Es decir, 70 de los 350 que componen la Cámara baja.

El hundimiento electoral del 28-A dejó, sin embargo, a los populares en un suelo de 66 escaños y, aunque Ciudadanos mejoró sus resultados en las urnas, se quedó en 57 representantes que, sin apoyo, no podrían ejercer algunas de las acciones básicas de cualquier partido en el control al Gobierno. Así que el terreno está abonado para un canal de colaboración, quizá estable, a lo largo de la legislatura.

En el caso de los populares esta es la primera ocasión, además, en la que no se bastan por sí mismos. Pero, dadas las circunstancias, en el partido de Pablo Casado se disponen a hacer de la necesidad, virtud. Fuentes populares aseguran que no hay una estrategia predefinida tras la firma conjunta de solicitudes en el Congreso, que los movimientos de este verano están motivados únicamente por la debilidad numérica. Pero también creen que, a largo o larguísimo plazo, lo que hoy es sintonía en la oposición al Ejecutivo en determinadas cuestiones se acabará convirtiendo en alianza.

El PP registró a finales de julio una petición en la Oficina Española de Patentes y Marcas para hacerse con el nombre España Suma y sus derivadas en cada comunidad autónoma por si en un futuro pudiera articularse una coalición en la derecha, fundamentalmente, con Ciudadanos. Hoy por hoy esta iniciativa, tal y como entienden las fuentes consultadas, más que ser una oferta con visos de prosperar, sirve para renovar el mensaje sobre la necesidad de concentrar el voto y que la idea cale en el electorado.

Ya en las generales de abril, la dirección nacional del PP propuso a Ciudadanos concurrir en listas conjuntas al Senado y a Vox, retirarse en aquellas circunscripciones donde sus votos no acabarían traducidos en escaños bajo la premisa de que la ley electoral castiga la fragmentación. Ahora, además, en el PP entienden que los hechos, más allá de los resultados en las urnas, refuerzan cada vez más su planteamiento de acción conjunta.

La última solicitud parlamentaria acordada esta semana con Ciudadanos en el Congreso es la de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para que la ministra María Luisa Carcedo explique las actuaciones emprendidas para controlar el brote de listeria con foco en Andalucía. Una comunidad, recuerdan los populares, gobernada también por los dos partidos. El PP ve así en la coordinación en las administraciones y ahora en la oposición los pilares de esa alianza electoral que Génova defiende y a la que se resiste Ciudadanos.

El temor de los liberales es quedar desdibujados y acabar fagocitados por un partido que se ha propuesto la refundición de la derecha. Sobre todo, porque Albert Rivera aspira a disputar el liderazgo del espacio electoral a Pablo Casado, que últimamente se dirige a él más como socio que como adversario. En todo caso, Ciudadanos parece desligar la cooperación en el Congreso para poder ser efectivos de cualquier plan más elevado. Y unos y otros sostienen que hay espacio para que cada uno marque perfil propio y diseñe su estrategia de oposición.