El Gobierno sortea vetos y ata la tramitación de los Presupuestos

Nadie quiere ser el primero en saltar del barco de la negociación y eso hace que, a pesar de las amenazas de vetos cruzados, el Ejecutivo –al menos, su ala socialista– aún mantenga vivas las esperanzas de que el Congreso dé el visto bueno definitivo al proyecto, antes de que llegue enero, con un apoyo transversal del que únicamente se descuelguen el PP y Vox.

El escenario dista mucho del vivido por Sánchez en febrero de 2019, cuando ERC y JxCAT tumbaron el Gobierno salido de la primera moción de censura exitosa de la democracia con sendas enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. Entonces, el debate de totalidad coincidió con el inicio del juicio contra los impulsores del proceso secesionista de 2017 y desde Esquerra insistían en que necesitaban gestos como que la fiscalía retirara sus acusaciones para justificar ante un electorado emocionalmente revuelto un acercamiento al Ejecutivo. Ahora, tras años de debates y disensos del independentismo que, entre otras cosas, han derivado en una fractura del espacio 'postconvergente', y a las puertas de unas elecciones a las que Esquerra concurrirá desde la presidencia coyuntural de la Generalitat, esa presión es mucho menor.

El partido de Oriol Junqueras no quiso adelantar hoy públicamente su posición, pero en las últimas semanas la dirección ha estado haciendo pedagogía por el territorio para allanarse el camino a un apoyo. Y el exportavoz en el Congreso de la formación, Joan Tardà, escribió el miércoles un artículo en 'El Periódico de Catalunya' en el que advertía: «A estas alturas de la crisis pandémica, nadie que aspire a salir bien parado o a ganar las elecciones catalanas podrá presentarse ante la ciudadanía si no ha sido capaz de negociar el Presupuesto del año 2021. No hacerlo será igual a irresponsabilidad».

JxCAT, la organización de Carles Puigdemont, sí presentará enmienda a la totalidad pero, según matizó su portavoz, Laura Borràs, lo hará como «toque de atención», o sea, con la intención de negociar. En todo caso, esta fuerza solo suma cuatro votos, porque los cuatro diputados del PDeCAT, que también concurrieron bajo esas siglas a las elecciones, se desmarcaron hace días de esa posición. unidos a los de Vox y el PP, que con toda probabilidad presentará mañana su enmienda, la formación catalana podrían parar una tramitación que el Gobierno aspira a salvar con la misma holgura con la que logró aprobar la semana pasada la prórroga por seis meses del estado de alarma (194 votos a favor).

Consciente de que tampoco sus diez escaños podrían impedir ese éxito gubernamental, Ciudadanos dejó hoy claro a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al responsable económico de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, su deseo de 'jugar'. Durante una ronda de contactos que los dos altos cargos mantuvieron en la Cámara baja con los grupos que ya previamente se habían mostrado dispuestos a hablar –y que incluyó a todos los de la investidura salvo el PNV, que criticó al Gobierno por buscar una foto innecesaria–, los liberales argumentaron que su intención es «comportarse con responsabilidad y hacer política útil».

La formación que preside Inés Arrimadas dio hace ya meses un giro radical respecto a la estrategia de confrontación con el PSOE impulsada en su última etapa por Albert Rivera y ahora busca visibilidad. Ni siquiera considera ya que gestos hacia los independentistas, como la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en la 'ley Celaá', merezcan que se levanten de la mesa. El portavoz del grupo Parlamentario, Edmundo Bal, defendió hoy que no hay que mezclar asuntos y que lo importante es que haya unas cuentas para las clases media y trabajadora.

Ciudadanos presume de haber arrancado al Ejecutivo el compromiso de no subir el diésel, de haber frenado la subida del IVA de la enseñanza concertada y la sanidad privada y de que las cuentas no contengan subidas significativas del IRPF y Sociedades. hoy, además, exigieron ayudas directas y no reembolsables para autónomos y pymes que hayan visto reducida su actividad en un 50% por la pandemia, con un límite del 75% de la facturación lograda en 2019. Y aseguraron que en próximas reuniones exigirán más.