Cristina Cifuentes recurre su procesamiento por falsear sus notas

En el recurso presentado ante la Audiencia de Madrid, la defensa de Cifuentes asegura que «no existe indicio objetivo alguno racional de criminalidad» de este delito de falsedad en documento público, que puede acarrear una pena de tres a seis años de prisión. «De las diligencias de investigación efectuadas, y habiéndose agotado ya la instrucción, no se desprende indicio alguno relativo a la participación de mi defendida en la elaboración del documento cuestionado, ni del uso ni del aprovechamiento del mismo», afirma el recurso.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel, la instructora del caso y quien también quiso imputar a Pablo Casado, piensa lo contrario. Por eso procesa a Cifuentes y a otras tres personas, entre ellas la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito, a quien supuestamente la expresidenta dio instrucciones para ocultar que no había superado las asignaturas del máster que cursó en 2011-2012. Ante la alegada falta de pruebas, la defensa solicita «el inmediato cese de la investigación sobre ella», un procedimiento que, se añade, «ha tenido como único resultado el deterioro personal, reputacional y profesional» de Cifuentes «sin más argumento justificatorio que la falaz participación en una falsedad documental de la que se habría beneficiado».

Para el abogado de Cifuentes, este procesamiento de la magistrada Rodríguez-Medel «no hace sino asumir una 'investigación' practicada por particulares» y «sin autorización judicial, sin garantías procesales, pero que así, por las buenas, da por válida la instructora».«No queda ahí», agrega, «el dudoso proceder» de la jueza madrileña, sino que la magistrada atribuye a Cifuentes unas instrucciones a Feito «que jamás se produjeron y que no quedan acreditadas ni documental ni testificalmente a lo largo de la instrucción».

«Sencillamente, se trata de una invención no sustentada en el menor indicio objetivo de racionalidad en materia criminal», dice el recurso, que incide en que Feito negó esas instrucciones y otro de los procesados, el exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, no se pronunció sobre ello porque se negó a declarar.

En cuanto al acta falsificada que mostró Cifuentes cuando se hizo pública la noticia de las posibles irregularidades en su titulación, se argumenta que se la facilitó el gabinete del rector de la universidad, por lo que tenía una «presunción, al menos desde un plano académico, de veracidad y autenticidad».

La expresidenta madrileña siempre ha mantenido que cursó el máster con absoluta normalidad. El caso, no obstante, afectó a su hasta entonces carrera ascendente dentro del PP. Se negó a dimitir, pero finalmente lo hizo al salir a la luz un vídeo en la que se observaba a Cifuentes sustraer unas cremas en un supermercado de la capital.