Las cifras del yihadismo: 284 españoles asesinados desde 1985

El estudio, que se puede descargar aquí, realiza una radiografía de la evolución reciente de los atentados yihadistas en España. El primer atentado de estas características se produjo en 1985, cuando 18 personas fueron asesinadas al estallar una bomba colocada en el restaurante El Descanso, situada en las inmediaciones de la base aérea de Torrejón de Ardoz y frecuentado por norteamericanos. Pero la cifra incluye también a los 193 asesinados el 11 de marzo de 2004 en Madrid así como el ataque más reciente, el perpetrado el año pasado en Barcelona y Cambrills. Este ataque, perpetrado por una célula instalada en Ripoll, mató a 16 personas. Pero en 2017 también fueron aessinados Ignacio Echeverría, el español asesinado al enfrentarse a los miembros del Estado Islámico que estaban realizando un ataque en Londres, y Lorena Enegran, una voluntaria de Cruz Roja tiroteada en Afganistán, supuestamente por los talibanes.

Según las cifras del estudio, en 2017 se produjeron 76 detenciones de presuntos yihadistas en España. La cifra es la tercera más alta que se ha registrado desde 2004, el año de los atentados del 11-M. Un tercio de todas las detenciones realizadas en España se llevaron a cabo en Cataluña, lo que sigue manteniendo a esta comunidad en los puestos de cabeza en cuanto a la presencia de células yihadistas.

Los arrestados en 2017 procedían de ocho países diferentes, aunque la inmensa mayoría eran marroquíes y españoles, que sumaron casi el 87% de los arrestos, según el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Las demás detenciones se distribuyen entre las otras seis nacionalidades. Los 44 ciudadanos marroquíes detenidos (13 más que el año anterior) representaron el 57,3% del total de detenciones practicadas en 2017, manteniéndose como primera nacionalidad por número de arrestos. Tras los marroquíes, le siguen en segundo lugar los españoles, con 23 detenidos (dos menos que en 2016), que representan el 29,3% del total de arrestos. El resto de las detenciones se reparten entre ciudadanos de Argelia (dos), Bangladesh (uno), Dinamarca (dos), Egipto (dos), México (uno) y Pakistán (uno).

Veinte de las 52 operaciones policiales contra el yihadismo realizadas en España en 2017 fueron dirigidas contra estructuras terroristas que tenían al menos tres miembros. Eso supone que el 38,4% de las actuaciones de las FSE se centraron en grupos con una mínima organización y no en los conocidos como 'lobos solitarios'. Prácticamente la mitad de los sospechosos estaban integrados en grupos con cierta organización y no eran elementos aislados.

Al examinar la situación de los detenidos en España por actividades yihadistas se comprueba la existencia de una amplia trama de relaciones familiares o sentimentales que pueden aclarar la radicalización de los arrestados. En nada menos que 24 individuos, que representan casi un tercio de los detenidos (el 31,5%), había una relación de parentesco con otros terroristas. Este tipo de relaciones personales tan cercanas contribuye a dar coherencia al grupo, ya que los lazos familiares hacen más difícil la traición o la infiltración policial.

Diecisiete de los detenidos o muertos eran hermanos de otros acusados de yihadistas; de otros imputados encarcelados o de desplazados a Siria. Destaca la célula de Ripoll, en la que había cuatro parejas de hermanos. Siete de estos ocho hermanos resultaron muertos bien por la explosión de Alcanar o bien al enfrentarse con agentes de los Mossos.

Excluida la célula de Ripoll, de los nueve detenidos restantes con hermanos implicados, en cuatro casos esos hermanos se habían desplazado a combatir a Siria, donde dos de ellos habían muerto. En otros tres casos, los hermanos estaban en prisión.

En el grupo de las relaciones familiares se han detectado también tres casos —dos mujeres y un hombre— que eran cónyuges de otros acusados de terrorismo y que se encontraban en prisión. Hay también otros tres casos de mujeres de terroristas cuyos maridos habían muerto combatiendo en Siria o Irak.

Con respecto a la ya disuelta ETA, el texto recoge algunas de las fases del debate con el que la banda preparó su final. El texto recuerda como la organización terrorista decidió mantener en secreto un órgano dirigente -al que llamaron Comisión Provisional-. Este grupo estaría formado por 20 personas , elegidas entre dirigentes de la banda o terroristas veteranos. Su misión sería encargarse de los presos y de los huidos, así como «cuidar el legado político de ETA y gestionar los hilos sueltos del desarme». La intención de la banda era que, tras su disolución, este colectivo evitara que nadie se apropiase de sus siglas.