El CGPJ tramita renovar al juez que investiga las grabaciones a Corinna

La citada Permanente, presidida por Carlos Lesmes, máximo responsable del CGPJ y del Tribunal Supremo, ya acordó prorrogar la comisión de servicios el pasado 27 de junio durante un mes más una vez finalizó el plazo de seis meses (enero-junio). La decisión se tomó de forma excepcional debido al cambio de Gobierno, y el Ministerio de Justicia, responsable final de la autorización presupuestaria de la plaza, dio su visto bueno para estudiar una prórroga más amplia para el caso de De Egea.

La situación del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, según el citado acuerdo de la Comisión Permanente de 27 de junio, es la siguiente: «Su nivel de pendencia, a fecha del último Boletín Estadístico consolidado (31 de marzo de 2018), es de 169 asuntos en trámite, por lo que resulta ligeramente superior a la media de los órganos de igual clase de la Audiencia Nacional (165,5 asuntos). A esa fecha, las resoluciones finales dictadas por el magistrado titular Manuel María García-Castellón han sido 15 autos y por el magistrado comisionado Diego de Egea, 61 autos».

Se da la circunstancia de que García-Castellón, de 65 años, instruye en exclusiva los casos 'Púnica' y 'Lezo', motivo por el cual la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional solicitó en su día el refuerzo en este juzgado. El magistrado lleva un año en el órgano judicial tras sustituir a Eloy Velasco, que ascendió a la Sala de lo Penal de la Audiencia. Velasco ya tuvo en su día un juez de refuerzo entre marzo y diciembre de 2016, Alejandro Abascal, pero la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional lo dejó fuera de la terna final de candidatos en la que se eligió a De Egea.

La continuidad ahora de De Egea será fundamental para el devenir de la 'operación Tándem'. En los últimos días, coincidiendo con su cese al concluir la comisión de servicios, el juez se ha afanado en tomar decisiones unilaterales y ciertamente controvertidas a ojos de la Fiscalía Anticorrupción. Primero decidió excarcelar al comisario Carlos Salamanca en marzo con el criterio en contra de los fiscales. Después abrió una pieza separada contra el exjefe policial del aeropuerto de Barajas por dos delitos: cohecho y contra los derecho de los ciudadanos extranjeros. Y la semana pasada decretó el sobreseimiento provisional contra Salamanca al considerar que los regalos que le dio un empresario vinculado al régimen de Guinea Ecuatorial era por «amistad». Un auto en el que aprovechó para archivar otros dos delitos: organización criminal y blanqueo de capitales.

En el plano procesal, también ha llamado la atención su decisión de abrir una pieza separada para investigar las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre pasado, a la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en la que mencionaba que el rey Juan Carlos tenía cuentas en Suiza a nombre de terceros.

Otro asunto controvertido fue la decisión de dejar en libertad provisional en contra del criterio de la Fiscalía al también comisario detenido Enrique García Castaño, acusado de revelación de secretos y cohecho impropio, o la citación este jueves del propio Villarejo, en paralelo a la presencia del director del CNI Félix Sanz Roldán en la comisión de secretos oficiales del Congreso.