El CGPJ no renovará el Constitucional en el plazo legal de la contrarreforma socialista

El objetivo era mostrar su rechazo a la contrarreforma impulsada por el PSOE, que impuso al Consejo un plazo de tres meses para designar a los candidatos y cuya fecha tope vence el martes. Tras cuatro horas de reunión, el CGPJ, por lo tanto, abonó este jueves el terreno para incumplir la letra pequeña de la citada ley aprobada en las Cortes en junio pasado. Una norma que devolvió al Consejo la competencia para hacer nombramientos pese a estar en funciones, pero solo en el caso del Constitucional y no para el resto de tribunales con plazas vacantes desde marzo de 2021 por efecto de otra ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.

De consumarse el martes esta posición del Consejo supondría un plante inédito de consecuencias incalculables para la normal relación de los poderes del Estado. Además de proyectar una imagen de rebeldía del órgano responsable del funcionamiento de la administración de Justicia.

Pese a que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, se tomó el cumplimiento de la norma para renovar el Tribunal Constitucional como una exigencia personal –el lunes pasado denunció incluso en público maniobras internas para hacer «tambalear» su postura–, las pretensiones del magistrado se fueron rebajando con el paso de los días hasta llegar al pleno de este jueves.

Y, como estaba previsto, la reunión solo logró aprobar el procedimiento sobre cómo deben efectuarse las citadas designaciones. Ni se habló de listas, ni mucho menos de candidatos, ni tampoco de la fecha prevista para un próximo pleno que avance con los nombramientos. Por lo tanto, los vocales conservadores se salieron con la suya al dilatar el procedimiento más allá del próximo martes: su principal pretensión es responder al Ejecutivo que a un órgano colegiado y plural como el CGPJ no se le imponen plazos.

La reacción más virulenta desde el Gobierno llegó de la boca de Margarita Robles. La ministra de Defensa y magistrada de carrera cargó con dureza contra Lesmes, quien como presidente «tiene la obligación de que la ley se cumpla», reprochó. Además, recordó que al igual que echa en cara al PP que no esté cumpliendo la Constitución al bloquear la renovación del CGPJ, «ahora hay una ley que dice que el día 13 de este mes tienen que estar nombrados los magistrados del TC».

Robles dijo estar «sobrecogida» por esta crisis y aseguró que todos los aspirantes a la corte son personas de un «prestigio inequívoco». «¿Alguien me puede decir que no son capaces los vocales del CGPJ de elegir por acuerdo a personas de una trayectoria impecable desde hace 20 años?», se preguntó.

Finalmente, la ministra afirmó que Lesmes es consciente de que el Consejo, del que ella fue vocal a propuesta del PSOE, «está siendo rehén por parte del PP». Y que le gustaría que la «vehemencia» del discurso de apertura del curso judicial del presidente la hubiera utilizado durante estos cuatro años de interinidad del CGPJ.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que espera que la amenaza de la dimisión de Lesmes no sea una «estrategia» para retrasar los cambios que deben acometerse en el Constitucional. Por su parte, su homólogo del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, señaló sobre la crisis institucional en el Poder Judicial que no ve «solución» a la renovación del Consejo y pronosticó que el PSOE y el PP «van a seguir tirando de la manta para su lado». «El PNV se desentiende absolutamente de este asunto, que se quemen ellos en esa melé», afirmó.

El exministro de Justicia del PP Rafael Catalá, quien estuvo cerca del acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo, aseguró que le consta, por su cercanía al partido de Alberto Núñez Feijóo, que han ofrecido reiteradamente un acuerdo al PSOE. Pero advirtió de que esta no es una «negociación sin condiciones».