El cazador que mató a dos agentes rurales dijo a sus compañeros de montería que tenían la «cabeza abierta»

Los compañeros de caza han declarado este martes en el juicio por jurado contra el cazador I.R., que comenzó este lunes en la Audiencia de Lleida y se prolongará varios días.

A preguntas de Fiscalía y de las acusaciones, todos han coincidido en argumentar que el día del crimen no llamaron a los servicios de emergencias ni intentaron socorrer a los agentes rurales porque el acusado les había asegurado que ya estaban muertos.

Tres de los cuatro cazadores han entrado en contradicción en sus declaraciones, ya que dos de ellos han explicado que estaban juntos, y un tercero ha mencionado que también estaba con ellos.

Aquel día había otros dos cazadores en el grupo que, según han detallado al declarar, estaban en otra zona y conocieron el suceso cuando vieron llegar un helicóptero de emergencias.

Durante el juicio, el padre del acusado ha declarado como testigo y ha afirmado entre sollozos que sigue sin comprender cómo ocurrió, ya que su hijo «es un trozo de pan».

Ha relatado que cuando su hijo era pequeño le llevaron a un psicólogo, por recomendación de una profesora, pero que no encontró ninguna anomalía, aunque la familia notó, ya de mayor, que se quedaba en ocasiones «en blanco».

Preguntado por si ha presenciado algún episodio de epilepsia de su hijo, el progenitor ha dicho que no, la misma respuesta que ha dado la pareja del acusado, que está embarazada.

Los forenses que hicieron las autopsias de los agentes rurales muertos han coincidido, al declarar en el juicio, que los cuatro tiros que recibieron eran mortales de necesidad.

Antes de mostrar las imágenes de los cuerpos de los fallecidos, las familias de los agentes rurales que están asistiendo al juicio han abandonado la sala de vistas de la Audiencia de Lleida.

La Fiscalía pide para el acusado una condena de 48 años de cárcel por dos delitos de asesinato con alevosía en concurso con un delito de atentado a agentes de la autoridad, mientras que las familias y los colectivos de agentes rurales piden penas de hasta 51 años.