Cataluña, una crisis capaz de abrasar presidentes

El Ejecutivo de Rajoy acusó el desgaste. Una y otra vez se topó con el muro del secesionismo y la dificultad de salir airoso. La 'operación diálogo' encargada a comienzos de la legislatura a la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no sirvió para frenar la escalada del independentismo. Y la jornada del referéndum del 1 de octubre supuso un nuevo traspié para el Gobierno.

Las cargas policiales en las primeras horas del día dañaron la imagen del Ejecutivo y le obligaron a realizar un esfuerzo explicativo incluso fuera de las fronteras de España. Y, pese a todo, no se logró impedir la colocación de urnas en los colegios. Semanas después, el 27 de octubre, el Gobierno tuvo que aplicar por primera vez en democracia el artículo 155 de la Constitución.

Se destituyó a todo el gobierno de la Generalitat y el equipo de Rajoy dijo estar dispuesto a asumir el precio que eso le podía acarrear en las urnas. El presidente no supo entonces que lo que una parte del PP le reprocharía más tarde es el no haber ido más lejos con la intervención de la autonomía. El malestar interno aumentó tras las elecciones del 21 de diciembre. Fue Ciudadanos el partido que rentabilizó la respuesta a los secesionistas mientras los populares se hundían en los cuatro escaños.

Hay una frase que se repite en los corrillos políticos y es la de que «Cataluña quita y pone presidentes». A Rajoy, desde luego, acabó pasándole factura. La moción de censura que planteó Pedro Sánchez no estuvo motivada por la crisis secesionista. Fue la sentencia del 'caso Gürtel' lo que movió a los socialistas a actuar. Pero el éxito de la operación lo garantizaron los votos, entre otros, de Esquerra y PDeCAT.

Cuando 48 horas antes de la votación el Gobierno de Rajoy tocó la puerta del PDeCAT -la única posibilidad de que el PNV no se sumara a la moción-, ya era demasiado tarde. Los vínculos rotos desde hacía tiempo acabaron inclinando la balanza hacia el lado de Sánchez. Y en cuestión de días el expresidente del PP dejó la Moncloa y la política.

Ahora son los socialistas los que temen que la crisis catalana les golpee y les haga perder gobiernos en las próximas elecciones del 26 de mayo, pero por motivos contrarios. El secesionismo está fuertemente dividido y su rama institucional ha asumido de facto que no es posible poner en marcha una república por las bravas pero más allá de eso la política de apaciguamiento de Sánchez no ha obtenido hasta ahora frutos claros.

El PDeCAT y ERC llevan semanas debatiéndose sobre si apoyar o no los Presupuestos del Ejecutivo socialista, atrapados entre dos miedos: el que les produce ser tachados de traidores si dan el 'sí' a Sánchez sin obtener contrapartidas que afecten a los encarcelados por el 'procés' o les permitan avanzar hacia la autodeterminación y el que les suscita un adelanto electoral que dé la victoria a una coalición de PP, Ciudadanos y Vox, como ha ocurrido en Andalucía.

De momento, mantienen un diálogo con el Ejecutivo sin romper la baraja, pero no se apean de la exigencia de un referéndum. Y, además, de tanto en cuanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, amaga con volver a la vía unilateral. Sánchez insiste en que no cederá en nada que implique la ruptura de la soberanía nacional o la integridad territorial, pero sus gestos hacia Cataluña, a la que se ofrece un aumento del 66% de la inversión en las cuentas de 2019, alimentan el discurso del PP y Cs en la oposición e inquietan a los barones socialistas que en cuatro meses han de pasar por las urnas.

Nada más llegar al Gobierno, el secretario general del PSOE, que apoyó el 155 de Rajoy, olvidó algunas de las propuestas que hizo en la oposición, como la reforma del Código Penal para adaptar el delito de rebelión, pensado para golpes de Estado militares, a casos como el vivido en 2017. El conjunto del partido entendió la decisión. El hecho de que se instruyera a la Abogacía del Estado para que no acusara de rebelión en la causa que sigue el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas o que se haya alentado la idea de que, si se produce una condena, el Ejecutivo contemplaría la posiblidad de un indulto, no.

El presidente del Gobierno argumenta que el problema de Cataluña no tiene solución en el corto plazo y reclama a los populares «la misma lealtad y sentido de Estado» que él demostró en la oposición para empezar a deshacer el nudo. Pero muchos han interpretado en su partido los resultados de las elecciones andaluzas como un aviso a navegantes, la señal de que su electorado no está cómodo con lo que se está haciendo. Y presidentes autonómicos como el aragonés Javier Lambán, el castellano-manchego, Emiliano García-Page o el extremeño Guillermo Fernández-Vara han empezado a poner distancia.