Vox, PP y Ciudadanos maniobran para paralizar la ley del catalán

Lo que no contaban es que Vox decidiera acudir al Constitucional catalán, un organismo que la extrema derecha no reconoce y que aboga por su supresión. Pero por primera vez, Vox acudirá al Consejo de Garantías y la ley quedará paralizada. En cuanto la Mesa del Parlament acepte pedir el dictamen a este organismo, la norma quedará en suspenso y el Consejo tendrá siete días como máximo para emitir un dictamen. Podría correr más de lo previsto y elaborar el informe antes del martes, en cuyo caso, los grupos soberanistas y el PSC aún estarían a tiempo de llegar al TSJC, siempre y cuando no haya imprevistos reglamentarios de última hora. «Frenamos este atropello nacionalista y frenaremos los que vengan, siempre a pesar del PSC», según ha afirmado el portavoz de Vox, Ignacio Garriga. A su juicio, la ley que impulsan los soberanistas y el PSC es «un asalto a la legalidad y una vulneración de los derechos y las libertades de los ciudadanos». La aprobación de la ley dentro del plazo requerido es en estos momentos toda una incógnita.

El texto de la ley afirma que el «catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado». «El castellano se emplea en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro», señala. Y añade que la «enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos para que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria». El Govern trata de sortear la sentencia con una ley del catalán y un decreto que rechazará los porcentajes de catalán y castellano en las escuelas y dejará a los centros que determinen los proyectos lingüísticos en función de la realidad sociolingüística.

En el debate parlamentario de esta mañana para tramitar la ley, los grupos de la derecha han cargado contra el PSC, al que han acusado de «apuntalar» al independentismo. El PSC está «a escasos minutos de dar un paso que no tiene retorno, de sumarse a las astucias separatistas para evitar cumplir la ley», ha espetado el PP. Según los populares, la ley impide el acatamiento de la sentencia a través de eufemismos y subterfugios. Ciudadanos ha calificado la propuesta de ley como «nuevo fraude a la Constitución, un fraude inútil jurídicamente pero útil políticamente a los nacionalistas y al PSC». La formación naranja ha tachado a los socialistas de «cooperadores necesarios» del independentistas, porque «apuntalan el régimen nacionalista pactando con el separatismo más extremo». Para Vox, se trata de un »pacto tramposo», pues a su juicio con la ley se pretende dar apariencia de cumplimiento de la sentencia, cuando a su entender no lo hace.

Los socialistas han defendido la ley. Según el PSC, la nueva norma fija el castellano como lengua de aprendizaje, ya que considera que «no puede recibir el tratamiento de lengua extranjera». Salvador Illa, en Onda Cero, ha ido más allá y ha afirmado que sitúa al castellano como «vehicular» al reconocerlo como curricular. El líder de los socialistas catalanes, que ha recibido el apoyo del ministro de Cultura, ha instado al mismo tiempo al Govern a cumplir la sentencia e impartir al menos un 25% de español en la escuela.