Casado reclama comparecencias semanales de Pedro Sánchez en el Congreso

No es la única petición que trasladó el PP. Dentro de la actividad frenética del grupo parlamentario en el registro del Congreso, los populares reclamaron explicaciones, no ya de Salvador Illa como ministro de Sanidad, sino de la titular de Hacienda sobre el procedimiento de compra que se siguió para la adquisión de los test de detección rápida del COVID-19 que han resultado defectuosos. También solicitaron al Gobierno el expediente administrativo de la operación, así como los certificados que acreditan a la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology para la comercialización de esas pruebas médicas. Fuentes del partido entienden que es el departamento de María Jesús Montero el que debió ocuparse desde el principio de las contrataciones.

Tras la reunión del comité interno para estudiar la situación derivada de la pandemia, el PP concedió que el problema de la compra de los test no es tanto que no se hayan «seguido las reglas con los certificados europeos», sino más bien que se ha llegado «tarde» a la obtención de las pruebas y que el incidente contribuye, en ese contexto, a generar «desconfianza» en el Ejecutivo.

El día anterior, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, pidió a Sánchez la asunción de responsabilidades por el episodio. Una exigencia que se enmarca en el giro que el PP ha dado esta semana con un endurecimiento de su discurso frente a la gestión gubernamental.

Quien compareció este viernes, en todo caso, tras la reunión de coordinación, fue el senador Rubén Moreno, exsecretario de Estado de Estado de Relaciones con las Cortes con Mariano Rajoy, que afeó las críticas al PP por su papel en esta crisis. «Lo que no se le puede pedir a la oposición –replicó– es que esté callada».

Con este argumento, el PP ha desplegado desde que se decretó el estado de alarma una ingente batería de iniciativas parlamentarias que se cuentan ya por centenares. Los populares, que aseguran querer preservar su espacio de oposición ahora que el Congreso tiene su actividad ordinaria suspendida, presentan a diario paquetes de medidas, preguntas y peticiones de comparecencia que quedan en el registro.

Muchas de ellas están relacionadas con las consecuencias económicas de la propagación del virus. Un terreno menos sensible que el de la emergencia sanitaria.