Casado llama al «socialismo moderado» a sumarse al frente contra la 'ley Celaá'

En un acto del partido celebrado en Valencia junto a representantes del sector educativo, Casado calificó la nueva norma como una ley «por la mínima», sustentada por ocho partidos «minoritarios», a excepción el PSOE, pero «todos radicales» y cuyas «principales amenazas son acabar con la libertad de elección, la calidad, el pluralismo y la igualdad de oportunidades».

Los populares han convertido la 'ley Celaá' en el ariete de su estrategia para intentar agrietar la unidad de los socialistas tras las críticas públicas de algunos destacados dirigentes y barones del partido por la influencia que EHBildu o ERCestán teniendo en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. «Esto no les va a salir bien», defendió Casado, que también acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser «como el perro del hortelano, ni come ni deja comer en las competencias de las autonomías para gestionar la pandemia, bajar impuestos o mejorar la calidad educativa».

El líder popular, además, aseguró que la armonización fiscal que incluye el acuerdo entre PSOEy ERCpara aprobar las cuenta s públicas «va contra la ley», que permite que haya autonomías que puedan modificar el margen del IRPF o los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio, y «contra la Constitución», que «respeta regímenes fiscales especiales», como el canario o el concierto vasco.

a está perdido», ha aseverado Casado, quien ha afirmado que podrán hacer una ley educativa «por la mínima», con ocho partidos, «todos minoritarios menos el que está en el Gobierno, todos radicales», incluido el que está en el Gobierno, pero no «convencerán».

El líder del PP se ha preguntado «qué ha sido del PSOE», pues ha recordado que la educación concertada la incluyeron en la ley «don Felipe González y don Javier Solana», y ha apelado al socialismo «moderado» a colocarse «en el lado correcto de la historia» y sumarse a la alternativa a la ley Celaá que plantean los populares.

A su juicio, en apenas dos años se ha «embarrado» todo el «esfuerzo nacional» que se había logrado en educación, atención social a discapacitados, creación de empleo o política económica, y ha asegurado que hay «necesidad de ensanchar un espacio de centro, de moderación» en torno a la educación, con independencia de lo que se haya votado o del color «azul o el rojo».

Asimismo, Casado ha recordado que España es un Estado autonómico, pues ha considerado que el PP «se ha quedado como el único» que lo defiende, ya que «algunos se han hecho federalistas, otros se han hecho confederalistas y otros se han hecho jacobinos centralistas, otros son independentistas».

Ha aseverado que, en este asunto, Pedro Sánchez es «como el perro del hortelano», ya que «no come porque no cumple su obligación frente a la pandemia, deja la gestión a las autonomías y »solo visita hospitales ocho meses después para decir que va a acabar con el virus con una vacuna que no se sabe cuándo va a llegar«, mientras hay »cientos de muertos todos los días«.

«No come tampoco porque no cumple su responsabilidad de mejorar la financiación autonómica, que está pendiente hace años», ha agregado Casado, quien ha lamentado que Sánchez «no deja comer» en las competencias que tienen las autonomías para bajar impuestos e intenta que donde se bajan ahora se tengan que armonizar.

El líder popular ha asegurado que esa armonización «va contra la ley, que permite que haya autonomías que puedan modificar el margen del IRPF y modifiquen los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio, y va »contra la Constitución«, que »respeta regímenes fiscales especiales«, como el canario, o el concierto vasco o el convenio navarro.

«Tan confederalistas que son, también quieren atacar ese margen que consagra la ley y la Constitución», ha lamentado Casado, quien también ha dicho que Sánchez «no deja comer» a las autonomías en su capacidad de mejorar la calidad educativa, ante una reforma que no les «gusta».

Según el líder popular, la «buena noticia» es que en cuanto entre en vigor esa «injusta» ley la recurrirán al Constitucional y en Europa, y en las autonomías donde gobiernan harán normativa para combatir los «efectos perversos» de esa reforma, mientras que cuando sea presidente del Gobierno, la derogará.