Casado lleva la ‘ley mordaza’ al epicentro de su oposición a Sánchez

La dirección del PP, uniéndose al paso marcado ya la semana pasada por Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes su intención de salir a la calle de mano de los agentes para denunciar los «cambios sectarios» proyectados por los socios de Gobierno. Y lo hizo solo minutos después de que sindicatos y asociaciones de las fuerzas de seguridad firmaran la paz y acordaran la «unidad de acción» para tratar de frenar los cambios a la normativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy de 2015.

La formación que lidera Pablo Casado decidió finalmente hacer bandera de la causa policial al mismo tiempo que el colectivo Jusapol, la mayoritaria plataforma en las fuerzas de seguridad del Estado, consiguió este lunes imponer su voluntad al resto de sindicatos y asociaciones, de tomar las calles cuanto antes con una gran manifestación en Madrid el sábado 27 de noviembre.

En principio, la convocatoria de Jusapol, el más conservador de los colectivos policiales, solo la habían logrado el respaldo la respaldaron sus organizaciones filiales (Jupol en el Cuerpo Nacional y Jucil en la Guardia Civil, ambas mayoritarias) y de las asociaciones y sindicatos más a la derecha del espectro, tales como la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) e Independientes de la Guardia Civil (IGC).

Sin embargo, el creciente malestar que la reforma pactada por Fernando Grande-Marlaska con UP ha arrastrado al resto de los principales colectivos policiales, que han acabado por seguir la estela de Jupol. Este lunes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Asociación Profesional de Cabos (APC), que el 24 de noviembre habían convocado concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, comunicaron que participaran en la gran manifestación del 27 en la capital de España. Otros sindicatos de policías autonómicas y locales –explicaron fuentes cercanas a la convocatoria- podrían anunciar en breve su decisión de unirse a la protesta, que ya cuenta con el respaldo de una veintena de asociaciones.

El PP ha dado el paso de convertir en bandera la reforma de la ley mordaza después de que Vox, por el momento, no haya dado un paso adelante decidido, a pesar de su clara oposición a los cambios que plantea el Ejecutivo y no obstante la sintonía que existe desde el inicio entre el partido de Santiago Abascal y Jusapol y sus formaciones satélites, crecidas a raíz del ‘procés’ de 2017 y del agravio comparativo salarial con los Mossos.

«Por su sectarismo y radicalidad, el PP va a estar en frente de las intenciones de Pedro Sánchez en contra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes nos van a tener a su lado en un momento en que Pedro Sánchez ha abandonado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil», explicó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Las reformas pactadas por PSOE y UP que provocan el rechazo frontal en las fuerzas de seguridad, en síntesis, son siete: la eliminación de la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización previa; la prohibición tácita del uso de pelotas de goma en algaradas; la obligación de devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto, convirtiendo a los funcionarios en una suerte de 'taxistas'; la limitación de que las personas que se nieguen a ser identificadas solo podrán ser retenidas dos horas frente a las seis de la actual normativa; la no sanción de concentraciones o marchas «espontáneas»; la perdida de presunción de veracidad del atestado policial si los hechos consignados por los agentes no resultan coherentes, lógicos o razonables; y el hecho de tener cuenta la capacidad económica individual de cada persona a la hora de fijar las sanciones.