Sánchez mantiene los preparativos para su reunión con el líder de la Generalitat

La resolución del Tribunal Supremo sobre Torra «es un tema importante», aceptó este jueves Sánchez, pero, a continuación, renunció a pronunciarse de nuevo sobre si esta circunstancia afectará a su encuentro bilateral con el presidente de la Generalitat. Es más, mostró su hartazgo por tener que «hablar todos los días de lo mismo» y contestar «con las mismas respuestas a las mismas preguntas» y trató de zanjar el asunto con un «he respondido a eso en más de una ocasión». La última vez que compareció en rueda de prensa fue el 14 de enero en la Moncloa y entonces ya se mostró «encantado» de verse con el dirigente catalán.

La ministra de Defensa intentó, en este sentido, echar un capote y apuntó que el hecho de que el Supremo haya ratificado la decisión de retirar a Torra el acta de diputado no condiciona la reunión porque no ha perdido su condición de presidente de la Generalitat. «Nada ha cambiado», subrayó Margarita Robles. Fuentes gubernamentales añadieron que, en todo caso, ahora corresponde al Parlamento de Cataluña «tomar las decisiones oportunas».

La lectura en el PP, sin embargo, es diametralmente opuesta. En las filas populares entienden que la resolución judicial tiene consecuencias inmediatas para Torra e interpretan que sin credencial para continuar en el Parlamento, el dirigente independentista no podrá seguir tampoco al frente de la Generalitat.

En realidad, existe un debate jurídico sobre este extremo. En el PP apelan al Estatuto catalán, que en su artículo 67.2 recoge que el jefe del Ejecutivo es elegido por la Cámara autonómica «de entre sus miembros». Es decir, que la condición de diputado es indispensable para optar a la presidencia. La cuestión es qué ocurre si el acta se pierde, como en este caso, cuando el afectado ya ha sido investido.

Aunque los letrados del Parlamento de Cataluña consideran en su último informe que un eventual cese como diputado no afectaría a la permanencia de Torra en la Generalitat, los populares consideran una «usurpación de funciones» que el líder independentista se plantee su continuidad en el cargo. Y sobre esta interpretación construyen su posición política y exigen a Sánchez, no sólo la cancelación inmediata del encuentro bilateral de febrero, sino que garantice la salida del presidente catalán. De lo contrario, Pablo Casado avanzó este jueves que su partido emprenderá acciones legales contra el Gobierno.

El líder del PP sitúa el foco en tres escenarios: el Parlamento autonómico, la Generalitat y la Moncloa. A Roger Torrent, como presidente de la Cámara, le pide la convocatoria de un pleno para relevar a Torra como diputado. De no ser así, Casado insiste en que su partido presentará una querella por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De igual manera actuará contra Quim Torra en caso de que no deje su despacho en el Palau. Y «lo mismo» contempla para el Ejecutivo «si no hace nada para cesar en sus funciones» al presidente catalán. No precisó el delito en el que podría incurrir , pero pareció apuntar a una posible «prevaricación».

Preguntado, además, por la reunión Sánchez-Torra, advirtió: «Si este Gobierno lo que hace es nombrar una fiscal general del Estado que es una política en activo del PSOE, si quiere cambiar el Código Penal para introducir una amnistía de facto a los presos sediciosos y si encima ahora pretende tener como interlocutor legítimo a alguien que ya está inhabilitado en firme por el Tribunal Supremo, quien estará incurriendo en irregularidades administrativas o incluso legales estará siendo el propio Gobierno y el señor Sánchez».

El número dos del PP, Teodoro García Egea, censuró, además, que Sánchez hubiera eludido este jueves pronunciarse sobre Torra: «No se puede presidir un país desde la soberbia y prepotencia».